(25 de noviembre, 2014).- El director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), Omar Rábago Vital, anunció que fue solicitada una ampliación de términos para establecer la inocencia de los 11 jóvenes detenidos por presuntos actos de violencia durante la marcha #20NovMx, entre los que se encuentran tres mujeres y ocho hombres.
De esta manera, se busca que los acusados sean puestos en libertad bajo fianza y poder continuar con el proceso legal fuera de prisión.
Hasta el momento se está a la espera de que la autoridad entregue las evidencias correspondientes debido a que “la carga de la prueba tiene que recaer en las autoridades; por lo tanto se están pidiendo los videos de la Ciudad de México para ser utilizados como prueba”, ya que, a decir de Rábago Vital, no se puede proceder únicamente con el testimonio de los elementos de la fuerza de seguridad.
El elemento “clave” presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener que los detenidos son parte de un “grupo colectivo subversivo” fue que, a decir de los policías, entre ellos se llamaban “compas”.
Bajo este argumento, la PGR los trasladó a penales federales de máxima seguridad, atribuyéndoles los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva.
Sin embargo, no fueron incluidas pruebas gráficas (fotografías o videos) que confirmen la participación de los 11 jóvenes en los hechos violentos del pasado 20 de noviembre, durante la marcha para exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
En tanto, Rábago Vital denunció que los jóvenes fueron violentados en su derecho a estar comunicados durante su detención, pues en un principio no se les permitió estar en contacto con sus familiares.
Debido a esto, se ha solicitado al grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que pida información al Estado mexicano sobre estas investigaciones.
Por su parte, el abogado defensor y representante legal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Alejandro Jiménez, relató que los detenidos sólo pudieron hablar con sus familiares hasta que se les tomó una primera declaración ministerial.
Además, sentenció que “no hay nada de fotos ni videos; de hecho, al inicio las habían presentado y al final, ya cuando los consignan, las eliminan, ya no mandan nada porque obviamente no les iban a servir porque ellos no aparecen, nada más las ofrecen, pero al final en la consignación del expediente no las adjuntan”.
