(27 de noviembre, 2014).- Las pruebas de confianza sobre los elementos de la policía, tuvieron su punto álgido en el sexenio de Calderón, debido a los altos índices de corrupción al margen de la guerra contra el narcotráfico, pero ahora tras el caso Ayotzinapa, donde fueron policías locales quienes entregaron a los jóvenes con el crimen organizado, se han vuelto más estrictas en el papel, aunque no con muchos resultados loables.
Desde su instauración en 2008, cuando se instauraron las pruebas para depurar a más de 2 mil unidades policiacas de todo el país, con aplicación hasta el momento sobre 400 mil elementos.
Gerardo Ramírez, comisario de Caborca, Sonora, de 45 años es uno de ellos, quien cada dos años “soporta” pruebas psicológicas, de antidoping, y una visita de un funcionario gubernamental que toma fotos, revisa la casa y habla con los vecinos para asegurarse que su estilo de vida concuerde con su sueldo.
Aunque para él, el peor momento es cuando llega el detector de mentiras. “Imagina estar seis horas en un pequeño cuarto con sensores en todo el cuerpo mientras te presionan para que digas que tienes nexos con el narcotráfico”, platica el oficial.
Recuerda que cuando le preguntaron si había agarrado dinero, dudó en decir la verdad o mentir, aunque finalmente aceptó y “les dije que sí. No creo que haya un policía en México que no haya agarrado dinero”, indica quien ha vivido décadas con bajo sueldo y sin seguro de vida, para luego rematar que “no hay un policía perfecto”.
Debido a la guerra contra el narco de Calderón, los policías municipales quedaron en condición de víctimas colaterales, pues muchas corporaciones policiales pasaron a formar parte de la nómina del narco, con mayores recursos y armas. “Estaban en desventaja. Se sentían vulnerables y cedían a las presiones por corrupción o por temor”, asegura Eduardo Munro, secretario de Seguridad Pública (SSP) de Sonora.
