(9 de diciembre, 2014).- Una más de las lacras que aquejan a México se agrega en la lista, la cual va en aumento y no se ve solución por parte de las autoridades.
Y es que debido al aumento en los indicadores de incidencia delictiva y violencia en los últimos años, la única respuesta del gobierno mexicano -tanto del PRI y PAN- ha sido “incrementar penas haciendo de la prisión la respuesta penitenciario y a un crecimiento de la población encarcelada”, así lo afirmó el Centro para la Investigación y el Desarrollo A.C. (CIDAC).
Además dijo la organización no gubernamental que lo anterior no ha implicado una “mejoría en las condiciones de seguridad ciudadana, pero sí ha conllevado a un vertiginoso deterioro del sistema”.
En ese sentido, México ha sido posicionado como el tercer país de Latinoamérica con mayor número de ciudadanos en las cárceles.
“Este incremento se debe tanto a la ampliación del catálogo de delitos graves -el 60% de las sanciones se asocian con delitos menores- como a la falta de criterios para imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva – el 40% de los reclusos están esperando sentencia”, analizó.
La sobrepoblación y respuesta del Estado que no ha sido integral para mejorarla ha desembocado en las siguientes consecuencias:
- En el Distrito Federal y el Estado de México 70% de los internos declara que la cantidad de alimentos es insuficiente y de mala calidad
- En los centros federales poco más de la mitad de los internos consideran que los alimentos que reciben son insuficientes en cantidad
- En el Distrito Federal y el Estado de México el 65% de los internos reporta no recibir
- ningún tipo de atención médica
- En 65 cárceles del país existe el “autogobierno”, es decir, están controladas por los internos
- En los centros federales la mayoría de los internos enfrentan importantes dificultades para recibir visitas
- Una tercera parte de los internos en centro federales sufrió golpes de custodios u otros internos
Adicionalmente, CIDAC puntualiza: “Frente a esta grave situación, la reforma constitucional en materia de justicia penal aprobada en 2008 incluye una amplia reforma al sistema penitenciario con el objetivo de establecer los parámetros para la gobernabilidad de los centros de reclusión penal. Esta reforma establece que el debido proceso no se agota con la imposición de la sentencia sino que allega contenidos esenciales para la vigilancia de las sanciones penales y para ello introduce la figura del juez de ejecución de sentencias”.
Y concluye: “Si bien la gran mayoría de las entidades federativas de la República Mexicana han cumplido con la publicación de su respectiva Ley de Ejecución de Sanciones Penales, las legislaciones sufren de graves deficiencias . Una de las más graves es que las leyes locales han excluido a los jueces de ejecución de sanciones de examinar las condiciones de vida en reclusión impidiéndoles revisar que la sanción impuesta no sea agravada, por ejemplo, por las condiciones que se viven al interior y que atentan contra la dignidad humana. Hacerlo de esta forma, deja tanto la modalidad como la naturaleza de la sanción impuesta en manos y arbitrio de la administración penitenciaria (…) Esta errónea limitación a la competencia de los jueces de ejecución otorga plena libertad y facultades a la autoridad administrativa penitenciaria sobre la calidad de vida dentro de los centros penitenciarios perpetuando su posición de juez y parte respecto de las posibles reclamaciones que personas privadas de libertad pudieran formular respecto de las condiciones que viven al interior”.
