(9 de diciembre, 2014).- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebrará este 10 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto implementar acciones para que hechos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean esclarecidas y no queden impunidad.
Un día antes de celebrarse los derechos humanos a nivel mundial, las organizaciones emitieron un decálogo mínimo de exigencias al Estado mexicano “para exigir que nunca más se repitan estas graves violaciones” a los mismos y la implementación de medidas no sólo para su prevención y erradicación.
En este marco, “dadas las dimensiones de la crisis que enfrenta México en materia de derechos humanos, exigimos al Presidente de la República que, reconociendo la inexistencia de logros a celebrar en el Día Internacional de los Derechos Humanos, centre su mensaje en la aceptación de la grave crisis de desapariciones que enfrenta México y anuncie medidas […] que complementen y fortalezcan las insuficientes iniciativas presentadas en el Decálogo Presidencial”.
Y es que las organizaciones anunciaron omisiones en la estrategia nacional para impedir que el caso de Ayotzinapa se repita, como la ausencia de un Plan Nacional de Búsqueda en Vida que coordine distintos ámbitos gubernamentales para generar información de inteligencia que permita ejecutar inmediatamente estrategias apropiadas.
A propósito de los diez puntos anunciados por Enrique Peña Nieto el pasado primero de diciembre, las organizaciones lamentaron profundamente que “en mínima medida aborde las problemáticas de derechos humanos, y que sea insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan decenas de miles de personas y sus familias”, así como la omisión del Ejecutivo para turnar al Legislativo esta agenda cuando desde la administración pública federal “hay incontables asuntos pendientes”.
Del mismo modo, las organizaciones dijeron que no se anunció ninguna medida para fortalecer las labores periciales, así como para generar información fiable, pública y transparente, omitiendo el hecho de mejorar y hacer funcionar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que incluya base de datos genéticas y forenses que sean base de investigaciones sólidas al respecto.
De entre las organizaciones que emitieron el comunicado conjunto se encuentran Asociadas por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promición de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; así como los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Fray Juan Gerardi, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña “Tlachinollan”, Paso del Norte, Victoria Diez, Fray Juan de Larios, entre otros.
Estas organizaciones advirtieron que no se anunció iniciativa alguna para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación ni la solicitud del Ejecutivo al Senado para reconocer de inmediato la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para la ONU.
Incluso, señalaron que tampoco se generó el espacio para la discusión que la Ley General sobre Desaparición Forzada incorpore la participación de las víctimas y de la sociedad civil, tampoco la inclusión de la problemática de las desapariciones en los fors que a solicitud de Enrique Peña Nieto organizará el CIDE.
“No se anunció ninguna medida vinculada a la justicia transicional que quedó trunca en México y que en esta emergencia muestra su relevancia. Por ejemplo, no se anunció la creación de una comisión civil que revise, corrija y actualice el informe final de la la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), para que el mismo sea publicado y difundido ampliamente, pendiente desde sexenios previos, a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en México”.
Esta crítica se suma a las realizadas por otras organizaciones civiles como Insyde.
