El Gobierno de México puso en marcha la consulta nacional para construir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que reunirá las propuestas de 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, más de 16 mil comunidades y que impactará directamente a 25.8 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de ley ya está lista y que, a partir de este momento, comenzará un proceso de consulta para enriquecer el proyecto antes de enviarlo al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena.
Cinco etapas para construir la iniciativa
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el objetivo de la consulta es recibir opiniones, sugerencias y planteamientos de los pueblos y comunidades sobre la propuesta legislativa.
“La convocatoria es para iniciar con la Consulta a la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos. Vamos a explicar un poco en qué consiste este proceso de Consulta adelante primero decir que el objetivo del proceso de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias planteamiento sobre la propuesta de iniciativa. La ley general de derechos de los pueblos indígenas, indígenas y afro mexicanos de los titulares de esta ley”.
El proceso contempla cinco etapas: la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la etapa informativa, la deliberación de las comunidades, el estudio e incorporación de las propuestas y, finalmente, la presentación de la iniciativa ante el Congreso el 12 de octubre.
Además, se realizarán 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo especializadas, mientras que las propuestas podrán incorporarse al proyecto legislativo hasta el 11 de octubre.
Participarán miles de comunidades; la ONU observará el proceso
La consulta será coordinada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la participación de 21 dependencias federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fungirá como observadora.
Asimismo, el proceso contará con acompañamiento de las Naciones Unidas y de organismos nacionales e internacionales, con el propósito de fortalecer la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Una ley para reconocer derechos colectivos
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa deriva de la reforma al artículo 2 constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, y tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El funcionario destacó que la propuesta fue construida mediante 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias federales, además del acompañamiento de un comité técnico asesor y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
“Después de 200 años de existencia del Estado mexicano, por fin vamos a tener una ley en la materia”.
Los ocho ejes de la nueva legislación
La propuesta está integrada por ocho libros, entre los que destacan el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, el fortalecimiento de la libre determinación y la autonomía, la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes, la garantía de derechos para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, las reglas para la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como un sistema de responsabilidades, sanciones y un mecanismo de juicio de amparo para proteger los derechos colectivos.
Con la firma de la propuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el inicio formal de la consulta nacional, el Gobierno de México busca que la iniciativa llegue al Congreso el próximo 12 de octubre, una vez integradas las propuestas y recomendaciones presentadas por los pueblos y comunidades participantes.
