(10 de diciembre, 2014).- El hostigamiento contra activistas, abogados y defensores de derechos humanos por parte del Gobierno se hace notar cada vez que estos empiezan a exigir investigaciones y juicios claros como en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante esto, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera, representantes legales de los padres de los estudiantes desaparecidos, fueron calificados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) como “peligro para la gobernabilidad” debido a que mantienen una relación con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
En el caso del defensor Vidulfo Rosales quien ha sido una de las voces autorizadas que dialoga y negocia sobre este conflicto con Enrique Peña Nieto y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el CISEN lo fichó como un “radical” por sus vínculos con la ERPI, OPIM, CRAC y los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
El asesor ha tenido presencia en los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, cuando murieron los alumnos Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino durante el operativo de desalojo del bloqueo que realizaban en la Autopista del Sol en Chilpancingo. Además de su papel en la normal Isidro Burgos, el abogado atiende las demandas de los indígenas defraudados por instituciones bancarias; apoya a damnificados afectados por la tormenta “Manuel”; apoya a jornaleros que migran, entre otros.
¿Por qué ficha el Cisen a Vidulfo Rosales como radical?
El documento señala:
– Por su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos el cual ha acudido a instancias internacionales en la materia.
– Porque el 27 de marzo de 2011, acompañado de Raymundo Díaz Taboada y Bertoldo Martínez Cruz, se reunió con integrantes de la comisión del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU detallando que en Guerrero de abril de 2005 a marzo de 2011 se habían contabilizado mil 643 víctimas de violencia, de los cuales 25 permanecen como víctimas de secuestro, 289 desaparición forzada y mil 290 asesinados
– Porque en el 2013 asesoró a la CRAC-PC en su demanda de que sean reconocidas sus actividades de autodefensa por el Gobierno del Estado, y que ha participado en la defensa de detenidos por delitos de portación de arma de fuego y secuestro.
– Porque en el 2011 y 2012 exigió cumplimiento a la resolución de la Corte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presuntamente violadas por personal del Ejército en el municipio de Ayuta de los Libres.
– Y por haber participado en el acto público de responsabilidad en el que estuvieron dirigentes de organizaciones fachada del ERPI, así también de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos
Rosales Sierra y Barrera Hernández, opositores de la impunidad y el abuso de poder
Ante el ataque a los representantes legales de los familiares de los 43 estudiantes, 19 organizaciones de la sociedad civil defendieron, reprobaron y lamentaron que el gobierno “trate de desacreditar a los defensores de derechos humanos, y que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento por los desaparecidos en lugar de utilizar las capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los narcogobiernos”
Debido a esto las instituciones manifestaron que ellos han sido fundamentales en la región “para oponerse a la impunidad y el abuso del poder desde hace años” y demandaron al gobierno esclarecer la información que se ha dado a conocer
Si me van a arrestar por defender a los campesinos y a los indígenas, que lo hagan. Aquí estoy
“¿Qué de subversivo tiene manifestar mi apoyo a los campesinos en La Parota? ¿Qué de subversivo tiene apoyar a los padres de los 43 normalistas? (…) “Yo creo que esto forma parte de la criminalización que hoy día sufren las organizaciones y defensores de los derechos humanos así como los movimientos sociales y todo esta movilización que apoya a Ayotzinapa”, indicó Vidulfo Rosales y el activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera, después de que fueran señalados por el CISEN como “peligro para la gobernabilidad”,
Como se tenía previsto, el PRI criminaliza a quienes se suman a la lucha
Tal como lo mecionó la reportera de esta casa editorial, en una nota publicada el 26 de noviembre en la que indicó que los normalistas mencionaron que “la mano represiva del gobierno priista viene a reaparecer en la escena con en el mismo patrón de antaño, se mata y se desaparece a estudiantes, lejos de castigar a los responsables se persigue y encarcela a las propias víctimas”.
Estas han sido las advertencias de que la administración de Enrique Peña Nieto no bajará el nivel de represión en contra de aquellos que intenten “desestabilizar” su Gobierno.
