Redacción /@Revolucion
(20 de noviembre, 2014).- Tras las declaraciones de presunta ayuda en temas forenses por parte del gobierno estadounidense hacia el mexicano, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, precisó que Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, reconoció “el envío de algunos agentes de la Oficina Federal de Investigción (FBI por sus siglas en inglés) que vinieron y ayudaron, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron”.
Días atrás, la vocera del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Jen Psaki, consideró “preocupante” la desaparición de los 43 normalistas, indicando que habían seguido el caso desde esta nación. Sin embargo, fue el pasado 9 de diciembre cuando Barack Obama precisó la ayuda ofrecida al gobierno peñanietista. “Esto será investigado. Hemos ofrecido asistencia para saber exactamente qué fue lo que pasó, (ofreciendo) nuestras capacidades forenses, para (tratar de) llegar al fondo”, aseguró.
En conferencia de prensa, Sergio Alcocer precisó que la colaboración vino “días después” de los hechos del 26 de septiembre.
Alcocer además indicó que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, ofreció ayuda al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez en el marco de la Iniciativa Mérida, en el cual, recordó Alcocer, una de las vertientes es el “fortalecimiento de las capacidades de procuración de justicia en el Estado”.
“Hay estados que tienen avances, y este apoyo-por conducto de la Iniciativa Mérida- es una posibilidad de acercarlo y hacer que Guerrero camine más rápidamente hacia ese fin”.
El subsecretario además agregó que se trata de “la evolución de un sistema de justicia que se acerca a los canadienses y estadounidenses, pues tienen experiencia y han aportado los recursos para ello, y han hecho el ofrecimiento y seguramente será refrendado por el gobierno mexicano”.
La iniciativa Mérida firmada en diciembre del 2008, tiene un fondo de contingencia de casi 2 mil millones de dólares que fueron asignados por el Congreso de Estados Unidos a finales del 2013.
