(24 de diciembre, 2014).- El 1% de los casos de homicidio en las tres principales ciudades violentas de Honduras resultan en condenas debido a la “gran impunidad” que es “alimentada por el difuncional sistema de justicia penal del país”, de acuerdo con la organización estadounidense Insght Crime.
La cifra anterior fue hecha por un estudio de la ONG hondureña, Alianza Paz y Justicia (APJ), la cual examinó 566 homicidios en San Pedro Sula, Gomayagua y Tegucigalpa, donde sólo se hallo un punto porcentual terminó en condenas.
APJ encontró como factor fundamental la “inhabilidad del Estado” para realizar investigaciones criminales de “calidad” como la causa sustancial de la falta de condenas. Además señaló que en el 61% de los casos se recolectó evidencia en la escena del crimen; mientras que el 8% de las investigaciones criminales se abrieron y 7% terminó en juicio. Y es que de los 27 mil 272 homicidios -de acuerdo con APJ- suscitados entre 2010 y 2013, mil 9 casos que corresponden a 3.7% fueron puestos en condenas.
Para Insight Crimen el análisis de APJ “resalta el alto nivel de impunidad en Honduras facilitado por la corrupción, falta de entrenamiento, y un agobiado sistema judicial. Según las cifras reveladas por APJ, la tasa de impunidad en Honduras para los homicidios es de más del 96 por ciento, lo que significa que prácticamente no hay un elemento disuasorio para que los grupos criminales –como las poderosas pandillas callejeras del país- paren de cometer homicidios. La vasta impunidad probablemente es un factor que contribuye al estatus de San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo, y la posición de Tegucigalpa en el top diez”.
“A pesar de que Honduras ha logrado avances este año persiguiendo a poderosas organizaciones narcotraficantes como el clan Valle Valle, estos avances difícilmente han hecho algo a corto plazo para mejorar la vida diaria para los hondureños”, agregó.
Y finalizó: “Los descubrimientos de APJ sugieren que el país podría verse mejor servido invirtiendo más recursos para fortalecer las instituciones responsables de la recolección de evidencia y de la investigación criminal, en lugar de enfocar sus esfuerzos en capturas de alto nivel y extradiciones“.
