(31 de diciembre, 2014).- En el reporte sobre el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la preocupación por “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la ‘guerra sucia’ y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente” en México, luego de la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El documento enfatiza el Programa Nacional de Derechos Humanos de México, las denuncias por “destrucción biocultural” generada por la implementación de megaproyectos, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y las denuncias de “impunidad por las graves violaciones a derechos humanos” y “Derechos humanos y protesta social”.
En días pasados la CIDH designó expertos para el caso de Ayotzinapa con mandato renovable de seis meses que deberán emitir recomendaciones al primer trimestre de haber iniciado labores, informó Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos.
Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya fueron considerados por la Comisión como hechos dramáticos que pusieron a México en la mirada internacional razón por la cual interesada, la CIDH deseó conocer las medidas que el gobierno peñanietista tomará para dar respuesta a los graves hechos, “en particular la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas”.
Por ello, la CIDH alertó sobre “la necesidad de generar un cambio en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley”, luego de que “a la fecha sólo existiría una condena por los crímenes de esa época y que no había sido ejecutada por la avanzada edad del imputado (el expresidente Luis Echeverría Álvarez)”
Las violaciones a derechos humanos en México “no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar mecanismos pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en esos estados”.
De acuerdo con la revista Proceso, durante el 153 periodo de sesiones, la CIDH expresó su preocupación por la tendencia por parte de las autoridades mexicanas “a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012”, año del regreso del PRI a la Presidencia reflejado en la “regulación del espacio público para manifestaciones sociales”, el “uso del derecho penal”, así como “el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no sólo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo”.
