(05 de enero, 2015).- Aun cuando es considerado como un Programa de Prioridad Nacional, prácticamente todos los estados del país han tardado en invertir el dinero destinado a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, ya que hasta el tercer trimestre del pasado año se habían gastado en promedio solamente dos de cada cinco pesos federales, estatales y municipales destinados a este fin.
En Guerrero, estado donde el pasado 26 de septiembre se registró, en el municipio de Iguala, una muestra del nivel de inseguridad en la entidad cuando policías municipales desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo se había ejercido el 7.9 por ciento del presupuesto destinado a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
También hay casos extremos como Oaxaca, donde no se gastó ni un solo peso en el rubro de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública durante los primeros nueve meses del año, mientras que la Ciudad de México justificó 99.7 por ciento de los 28 millones 51 mil 500 pesos programados para ese programa; o por ejemplo Nuevo León que reportó 84.13 por ciento del dinero convenido entre los tres niveles de gobierno para ese mismo fin.
Fue la primera ocasión que los gobiernos del estado y la Ciudad de México entregaron al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) las cuentas de cómo se gastaron los millones de pesos que el gobierno federal canalizó, vía el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mismas que se combinan con recursos estatales y municipales, aun cuando no todos detallaron la forma en la que lo hicieron y el propio Consejo tiene algunas fallas en la manera que presenta sus resultados, pues para el caso de Jalisco aparecen informes de Durango, por detallar algo.
El año pasado fue el primero en el que de manera total debió entrar en vigor, tanto para los estados del país y la Ciudad de México, las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que les obliga a homologar la manera en la que se rinden las cuentas, pero incluso se les aplica las disposiciones generadas por la reforma elaborada el último trimestre de 2012, por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Una de las disposiciones es que los gobiernos estatales y capitalino están obligados a reportar la manera en la que gastaron sus recursos destinados a la seguridad pública, y aun cuando no hay detalles en todos los casos, es posible conocer en la mayoría de ellos lo gastado en la compra de botas, uniformes, escudos, viáticos, servicios de alimentación -para quienes lo tienen-, y el dinero que se canalizó para buscar mejorar la formación de los elementos.
Un ejemplo sería el caso de Baja California que tuvo un presupuesto anual, para este plan de profesionalización, de 26 millones 656 mil 950.75 pesos, de los cuales tenía disponibles, hasta el tercer trimestre, 12 millones 101 mil 459.75 pesos; es decir que había usado 14 millones 555 mil 491 pesos, que equivalen a 54 por ciento de lo aportado por el FASP.
Pero cómo se gastó este dinero deja en evidencia que sólo había gastado el Servicio de Capacitación 24 por ciento, ya que lo presupuestado para el año fue de 9 millones 893 mil 820 pesos y tenía disponibles, hacia el final del primer trimestre (30 de septiembre), siete millones 536 mil 227.77 pesos; es decir que sólo había gastado dos millones 357 mil 592.43 pesos.
Dentro del rubro como Academia regional no canalizó ni un peso, pues tenía disponibles los 210 mil pesos que se le había presupuestado para ese rubro, a los estudios de licenciatura en seguridad pública había gastado un millón 496.50 pesos, de los dos millones 172 mil 368.20 pesos destinados; poco menos de la mitad.
Otro caso sería Oaxaca, que presupuestó para todo el año pasado un total de 33 millones 996 mil 968 pesos para el programa de Profesionalización (…), pero hasta el 30 de septiembre no había gastado ni un peso; caso similar al de Sonora, donde no se utilizaron los 17 millones 318 mil 896 pesos para este programa de suma prioridad.
Los recursos elegidos por la Federación, el estado de Guerrero y sus municipios para el Programa Prioritario de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, en 2014, fueron por 32 millones 996 mil 968 pesos y para el 30 de septiembre sólo se habían utilizado dos millones 621 mil 606.21 pesos, es decir; 7.9%, puesto que para el final del primer trimestre del pasado año había disponibles 30 millones 375 mil 361.79 pesos.
Dentro de este ejercicio de rendir cuentas se puede ver que el estado de Baja California no entregó absolutamente nada de información sobre el gasto en seguridad pública; también que a pesar de que Morelos entregó información incompleta, sí había reportado que para el tercer trimestre del año había gastado 16.5% de los 10 millones 803 mil 961.66 pesos destinados a ese fin.
De la misma manera se puede observar que el estado de Zacatecas sólo entregó las cuentas que hacen referencia a los meses de junio a septiembre, de los cuales dijo que tenía programados 760 mil pesos para la profesionalización de sus instituciones de seguridad pública, de eso había gastado 208 mil 619.04 pesos; lo que se traduce a sólo el 27% ya que tenía disponibles 551 mil 380.96 pesos.
