(23 de enero, 2015).- Ante la falta de resultados por parte del gobierno en el caso de los 43 normalistas desparecidos, la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, expresó su preocupación sobre la poca efectividad de las autoridades para resolver el hecho y llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a diversificar las líneas de investigación.
En conferencia de prensa, la directora para las Américas de este organismo, Erika Guevara Rosas, afirmó que la indagatoria de las autoridades ha sido pobre y carente de variantes, en donde no se ha considerado investigar a otras entidades y personajes como responsables de los hechos. Agregó que resulta alertadora la declaración de la PGR en donde señala que ha agotado la única línea para dar con el paradero de los jóvenes, así como que el caso se aborda desde la visión de secuestro y no desaparición forzada lo cual pudiera pretender cambiar la concepción y quitar la posibilidad de una complicidad del Estado.
Al respecto, la representante de Amnistía llamó al gobierno y a la PGR ha ampliar su campo de investigación e incluir a las fuerzas castrenses de Iguala, en especial a las del 27 batallón, para así explicar los rumores que señalan a militares como cómplices. Asimismo, exhortó a indagar a autoridades estatales y federales para determinar si sabían de la colusión de las autoridades municipales con el crimen organizado y de ser cierto castigar por omisión a los responsables.
De igual forma denunció supuestos casos de tortura cometidos en contra de los detenidos por el caso Ayotzinapa, esto para obtener confesiones; llamó a las autoridades a iniciar investigaciones al respecto y dejar claro si hubo o no la presencia de castigo físico en contra de los arrestados. “No sólo en el caso Ayotzinapa, nosotros hemos podido documentar la utilización de la tortura como método habitual para obtener confesiones de los detenidos en México (…) si se demostrara la utilización de tortura contra los detenidos del caso Iguala para sacar confesiones, la investigación se caería”, apuntó.
La directora, pidió no olvidar los demás restos encontrados en las fosas clandestinas en Iguala y llamó a la PGR a iniciar la debida indagatoria para determinar los hechos entorno a estos restos. También exigió al gobierno parar con la criminalización de los que se unen a la protesta de justicia así como detener cualquier tipo de represión.
“La militarización del país ha aumentado la violación de derechos humanos”
Erika Guevará, manifestó que hoy en día México vive una seria crisis de respeto a los derechos humanos, la cual no ha sido atendida apropiadamente por el gobierno de Peña Nieto. Comentó que en febrero del año pasado, le hicieron llegar al priista un informe en donde se le advertía de la situación que atravesaba la nación, sin embargo no se le dio seguimiento ni se ubicó como asunto relevante en la agenda nacional. “El gobierno sólo ha tomado acciones superficiales. Un ejemplo claro son las medidas anunciadas por Peña Nieto hace unos meses, en donde mencionó como estrategia implementar el 911 como número de emergencia”, comentó.
La militarización del país para atender problemática sociales, explicó, ha incentivado la proliferación de los abusos contra la ciudadanía y el ataque a las garantía individuales. Dijo que en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en casos de violación a derechos humanos cometidos por el ejército, y puntualizó que Amnistía ha podido documentar la implementación de la tortura por militares.
Guevara manifestó que ante este contexto en donde las fuerzas castrenses se ven involucradas en casos de represión y uso de tortura se vuelve optimo emprender una investigación para determinar la posible participación de militares en el caso de la desaparición de los normalistas. Cabe recordar como antecedente inmediato lo ocurrido en Tlatlaya, donde se presume una ejecución extrajudicial cometida por miembros del ejército mexicano.
En este rubro, la organización dio a conocer que en septiembre de 2014 realizó un informe acerca de la utilización de la tortura en México como un método implementado por las fuerzas del orden. Demandaron que ante esta situación, el gobierno no ha emitido una postura oficial ni ha emprendido estrategia alguna para detener la práctica.
Erika Guevara llamó a Enrique Peña Nieto a reconocer la situación precaria en materia de derechos humanos y seguridad que vive México, al tiempo de pedirle iniciar acciones concretas para afrontar la situación y garantizar el cumplimiento del estado de derecho. “No sólo reconocer la problemática, sino que exista un compromiso real para hacer de esta situación una prioridad en el gobierno”, agregó.
La estrategia del gobierno es diluir el tema
En palabras de Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía internacional en México, la apuesta del gobierno federal es diluir el tema de Ayotzinapa, sin embargo pidió a la sociedad no quitar el dedo renglón y unirse para pedir justicia en el caso. Enfatizó que de permitir el olvido de los acontecimientos de Iguala, las injusticias en México continuaran, y advirtió que la próxima podría ser de consecuencias peores.
Asimismo, demandó que ante la ineficiencia de las autoridades, el gobierno ha emprendido una campaña para deslegitimar la lucha de los padres de los normalistas, tratando de posicionarlos como personas intransigentes, que actúan en contra de la ley.
También comentó el inicio de la campaña #Noesnormal, en donde se pretende dar el mensaje que “no es normal la desaparición de más de 22 mil personas en México; que no es normal la represión del Estado, que no es normal que sucedan casos de desaparición como el de Ayotzinapa y que no es normal que ante las alusiones que señalan al ejercito como participante en el ataque no haya una investigación a fondo”.
