(27 de enero del 2014).- El director de la escuela secundaria “Bandera Nacional”, Gregorio Castro Rea, amenazó con despedir a la activista por los derechos humanos, Xitlali Miranda Mayo, por su trabajo en el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición en Iguala, así como por acciones de búsqueda de personas ausentes y coadyuvar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Deja de andar de benefactora social”, le advirtió el funcionario, “no son su problema” recalcó luego de que la activista ha acudido a diligencias con la PGR, acompañando el Comité en su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos por la delincuencia organizada.
Miranda Mayo se integró al grupo de madres de familia desde que inició la crisis por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y quienes, ante la ignorancia de las autoridades, emprendieron la búsqueda de sus familiares al norte de dicha entidad. De hecho, desde el mes de noviembre pasado cuando comenzaron sus actividades, han logrado encontrar 39 cuerpos en fosas clandestinas circundantes al municipio que gobernaba José Luis Abarca.
Xitlali también ha ido colocándose con el paso del tiempo, como una de las personas que encabeza el movimiento de casi 400 familias que buscan a algún familiar desaparecido. Además, tiene un estatus de víctima ante las autoridades federales, al tener dos familiares desaparecidos. En este contexto, ha sido requerida por la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), en diversas ocasiones.
Esto la ha obligado a solicitar permisos y ausentarse de la institución, según lo ha aclarado la propia Procuraduría que, incluso ha enviado documentos al director de la institución para que permita el buen desarrollo de las investigaciones en las que la psicóloga Xitlali, ha sido requerida.
La orientadora social no solamente se ha dedicado a la búsqueda de sus dos familiares sino con el resto de la organización, se han comprometido a convertir la búsqueda en una labor social donde incluso, podrían ayudar a encontrar a sus desaparecidos a personas ajenas al movimiento. Además, todos los casos que lleva la PGR respecto a esta organización, están aglutinados en una sola averiguación.
Esto ha sido aprovechado por el director para practicar el acoso laboral en contra de la psicóloga, advirtiéndole que le habrá de levantar un acta administrativa, con lo que estaría dando pie a que sea despedida y se le retire la clave de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Con ello, el funcionario estaría violando la Ley General de Victimas aprobada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al tratar de amedrentar a Miranda Mayo.
Esta menciona que “La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.”
(Con información de Jonathan Cuevas / API)
