(27 de enero, 2015).- Cholula, es uno de objetivos primordiales de Moreno Valle, quién ha hostigado y amenazado a la población hasta el cansancio para expropiar terrenos que usará en la construcción de ambiciosos proyectos comerciales bajo la bandera de “proteger la identidad de la zona”, sin embargo, los pobladores y sus costumbres parecen no ser prioridades del gobierno en esta llamada, salvación de la identidad. Otra vez Moreno Valle, siempre Moreno Valle.
En esta ocasión, la Secretaria de Finanzas y la Procuradoría General de Justicia del Estado, pusieron un ultimátum a los dueños de predios ubicados en la Avenida las Torres, actualmente en remodelación, para desalojar sus propiedades en un plazo máximo de 12 días, argumentando que éstos son propiedad del estado. De algún ofrecimiento económico, ni hablar, no lo hay.
El mismo plazo les dieron para, si es el caso, presentar la documentación que los acredite como propietarios de tales terrenos, que cabe destacar, ya están tomados por las autoridades desde el pasado 28 de noviembre.
Por su parte, David Gallegos, propietario de uno de los locales que se pretenden derribar para la ampliación de la Avenida Las Torres, argumentó que actualmente su predio se encuentra en juicio testamentario, por lo que le será imposible presentar su acreditación en el plazo otorgado.
Los inmuebles, como se dijo, ya fueron arrebatados a sus propietarios, todos vecinos residentes entre la vía Atlixcáyotl, bulevar Atlixco y Camino Real a Cholula, dueños de locales y viviendas en estas ubicaciones. Hoy, sólo esperan la confirmación de un pago que ni siquiera ha sido ofrecido, puesto que el gobierno argumenta ser propietario de dichos terrenos bajo el amparo de la Ley de Expropiaciones, mucho mejor llamada, “Ley Despojo”.
Foto: Intolerancia
¿De qué va la ley despojo?
La ley despojo, aprobada en marzo de 2014, permite al gobierno del estado hacer expropiaciones de terrenos de manera inmediata, además de eliminar la garantía de audiencia a los propietarios de los predios cuando la expropiación este motivada bajo la construcción de una obra pública. El gobierno, no esta obligado a notificar a los dueños de sus planes de expropiación. Si los dueños expropiados deciden inciar una acción legal, las actividades de demolición y construcción en los predios de los afectados, no se suspenderán, en caso de que el afectado gane, el gobierno deberá remunear al denunciante, sin embargo, la cantidad remunerante estara superditada al presupuesto del estado. Por último, si los terrenos y bienes despojados no tenían fines públicos, las acciones legales en contra del despojo ilegítimo, pero constitucional, no podrán iniciar, si no hasta dos años después de la expropiación.
Adolfo Aca, es uno de los pocos afectados que lograron un amparo a su favor. A David, sin embargo, en diciembre del año pasado le demolieron su casa. Elementos de la polcía estatal, irrumpieron en los predios para cercarlo y evitar el paso de los dueños de al menos 6 locales comerciales.
“Sólo me dijeron venimos a desalojar, que saque todas mis cosas, porque traían una orden del juez primero de lo civil que nunca me mostraron, me insistieron si usted no saca sus cosas vamos a sacar todo… En lo que me decían, ya habían entrado a desalojar en un vivero y material de construcción”, dijo.
A la demolición de su casa, se suma también las de dos locales que David rentaba. Ahora, sólo espera algún tipo de negociación que le permita recuperar un poco de los años vividos en su extinta casa, y sus negocios.
