(29 de enero, 2015).- Sergio Rojas, para Oil Price.com, informa que el año 2014 fue complicado para el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre escándalos de corrupción con el Grupo Higa, las desapariciones forzadas de los estudiantes de Iguala y a eso se añade que, en los últimos seis meses, personal de industrias de gas y petróleo han sido objetivo de grupos criminales.
Siguiendo la tendencia del ex mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, la estrategia de seguridad ha tenido un éxito mediano en la estabilización de la región del norte pero hay una total falta de certeza de que eso pueda traspolarse al resto de la república.
La corrupción entre las fuerzas policiacas, a nivel regional y municipal, permanece como un mal endémico, como un proceso crónico que poco a poco se esparce y genera daños mayores. Los recientes testimonios que vinculan al ejército y a la policía con los grupos de crimen organizado, lo que no ayuda en nada con la batalla para tratar de curar el moribundo aparato de seguridad nacional.
Las recientes reformas anunciadas por el gobierno, principalmente en consecuencia del acontecimiento de Iguala, son supuestamente enfocadas en incrementar la transparencia y la responsabilidad pero prácticamente “nacieron muertas” y es muy poco probable su efectividad.
Información reciente de la Gendarmería Nacional (GN), una fuerza profesional de seguridad que tiene como objetivo proteger estratégicamente la infraestructura mientras que el gobierno se enfoca en tácticas de seguridad enfocadas en áreas específicas. Sin embargo se requiere de más tiempo para poder poner a prueba a las fuerzas de seguridad y saber su habilidad y qué tan efectivas son para evitar que sean infiltradas por poderosas redes criminales.
Tras amenazas de secuestro y constantes extorsiones, hacia los empleados de las industrias antes mencionadas, los últimos 12 meses han representado un grave riesgo latente a la infraestructura de la industria. Muchos cárteles han decidido diversificar sus ingresos para ya no sólo enfocarse en el tráfico de drogas y ahora también incluir la trata de petróleo ilegal.
Lamentablemente la infiltración por parte de la policía en grupos criminales obstaculiza la posibilidad de llevar a cabo una rápida respuesta por parte de los militares.
Los puertos sufren amenazas constantes a sus tuberías, debidos a sifones, pero también tienen un escenario de seguridad complicado por su ubicación estratégica para el traslado tanto de drogas como del petróleo. Hay reportes que indican que los grupos criminales tienen vínculos profundos con las autoridades de los puertos.
Hoy en día los operadores tienen que enfrentarse al riesgo de extorsión y del robo industrial mientras ellos permanecen expuestos a cantidades muy grandes de actividades ilegales. Aunque la Marina ha sido encargada de proteger la seguridad la situación parece que no cambiará en un futuro cercano.
A lo largo de la última década el sector de Petróleo y Gas, en México, ha podido hacer frente a los retos de seguridad en constante evolución. Pero ahora la violencia que ha traído el tráfico de drogas y las operaciones por los cárteles ha sido localizada, las compañías se han adaptado de buena manera para implementar medidas de seguridad que puedan dar facilidades a las operaciones.
Pero esto podría estar fallando debido a la gran evolución que ha presentado las redes criminales además de la falla de las instituciones de seguridad del país mismas que han sido intervenidas por el narco.
La dicotomía de la sociedad actual, por un lado la sociedad “moral” en la que se vive y la sociedad que vive bajo esa sociedad, ha provocado que se busquen cada vez mayores fuentes de enriquecimiento ilícito y los causantes de este enriquecimiento han dominado cada vez más a la otra sociedad que se tambalea y que podría caer en cualquier momento, si no es que ya lo ha hecho, a los pies de una nueva sociedad que ha invadido por completo a un país convaleciente.
