(3 de febrero, 2015).- La violencia desatada contra las mujeres de Nuevo León ha ocasionado que, a partir de hoy, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) investigue las demandas que desde 2012 existen en torno al caso y que podrían concluir en una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
Tras que el Tribunal Colegiado Auxiliar resolviera un amparo, que fue presentado por organizaciones civiles del estado, se emitió un mandato judicial, el Sistema sesionó el pasado 30 de enero y declaró el inicio de la investigación por feminicidios en Nuevo León.
Cabe señalar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) tiene el rol de secretaría ejecutiva del SNPSEVM y desde el 2012 recibió una solicitud de investigación, por parte de grupos ciudadanos de la entidad, por violencia feminicida tras desatarse el número de muertes de mujeres en el mencionado estado.
Además de un número elevado de desapariciones, de mujeres y niñas, entre 2000 y 2011 se registraron 548 asesinatos en la entidad.
Tras eso se llevó a cabo una denuncia en febrero de 2012 misma que no dio como resultado una procedencia de la investigación. Tras esa negativa la sociedad civil de Nuevo León consiguió un amparo y, tras casi tres años de iniciado el proceso, en noviembre de 2014 el Tribunal Colegiado Auxiliar resolvió el amparo y se emitió una sentencia “histórica”, catalogada así por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
La sentencia también incluye una declaración de los magistrados donde “reconocen que el Sistema cometió una violación constitucional en materia de Derechos Humanos al negar la Declaratoria de Alerta de Género en 2012”, además de una discriminación contra las mujeres por haber restringido sus derechos.
El estudio, publicado por la OCNF, titulado “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013” documentaron 92 asesinatos de mujeres en Nuevo León en 2013, de los cuales 43 fueron con brutalidad y en 57 por ciento de ellos recibieron disparos. Y agregó que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León no quiso brindar información para permitírsele elaborar dicho estudio.
