(12 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Algunos de los errores graves del actual gobierno mexicano son las desapariciones, tortura, muertes en centros de detención, impunidad y respaldo de abusos militares, inexistente libertad de expresión, siendo una de las fronteras más importantes a nivel mundial, es de las más peligrosas para los migrantes, ahora los defensores de derechos humanos son mayormente perseguidos, el tema del matrimonio igualitario parece que es preferible no tocarlo, esos son sólo algunos de los millares de problemas que existen en ese país”, declara en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO el sociólogo francés Alain Touraine, especialista en movimientos sociales.
El 24 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto, firmó un documento que llamó “Manifiesto por una presidencia democrática”. Afirmando “aquí desarrollo los principios políticos a los que habré de apegarme como Presidente, si los mexicanos así lo deciden, porque quiero que construyamos un México unido y fuerte a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad de nuestras convicciones e ideas”.
Los siguientes puntos definían las principales acciones a proteger e impulsar durante su gobierno:
Libertad de manifestación
Según el informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, publicado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, “la manifestación es un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas. Un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno de las personas y comunidades”
La socióloga Beatriz Hernández declara “desde el 1 de diciembre, al tomar posición de la presidencia, Enrique Peña Nieto regresó al PRI al poder, y con el toda su barbarie. Desde ese día a la fecha se incrementó los actos violentos, por parte de las fuerzas policiacas, así como las formas gubernamentales, hechas proyectos de Ley, para la criminalización de las manifestaciones”.
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Los ataques de la policía federal y del gobierno del Distrito Federal son la muestra contundente de represión desproporcionada hacia las personas manifestantes, da a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación sobre las violaciones a derechos 07/2013.
En el informe de Fundar, la criminalización de la protesta en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se caracteriza por, “la represión desproporcionada de los manifestantes, la investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática y desde una óptica delincuencial de las organizaciones que protestan. Dicha criminalización, también implica la creación de sanciones administrativas y delitos ad hoc que posibilitan la persecución penal de grupos y personas y de sus acciones”.
Hernández asegura “Peña Nieto como Presidente ha instalado un régimen represivo. La lista de agravios es larga y fueron los que construyeron la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas, mismas que decía respetaría en su manifiesto, que si el pueblo no recuerda, menos él”.
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Seguido del 1 de diciembre de 2012, las represiones que han tenido mayor difusión, debido al alto grado de violencia son:
1 de junio de 2013. Se convocó por medio de redes sociales a una “Megamarcha” del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de los Pinos. Minutos antes de las 3 de la tarde un grupo de granaderos ingresa al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en la estación Tacubaya, para “contener” a un grupo de por lo menos 100 manifestantes, que se dirigían a la protesta. Provocando agresiones tanto a los participantes, como personas que no estaban involucradas. Un fragmento del comunicado del STC dice “la acción se realizó para impedir actos vandálicos dentro de las instalaciones que ponen en riesgo la seguridad del usuario”.
“Es evidente que las acciones represoras que ejecutaron, no iban a impedir en ningún momento la violencia, en caso de perpetrarse, los policías fueron quienes ejecutaron agresiones y actos de violencia, eso fue precisamente lo que potencializó daños de manera indiscriminada contra personas que se dirigían a un ejercicio de protesta y contra pasajeros”, declara Hernández.
10 de junio de 2013. Se realizó una marcha, encabezada por el comité del 68 para conmemorar los hechos violentos del 10 de junio de 1971, recordado también como “el halconazo”. En aquella ocasión la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), acompañó la manifestación con más de 1000 elementos; “durante toda la manifestación encapsularon a los contingentes, en un obvio acto de criminalización, intimidación y provocación, enfrentamiento entre asistentes y policías del zócalo, desataron una clara persecución que culminó con 27 detenciones”, afirma Fundar.
1 de septiembre de 2013. Se llevaron a cabo diversas manifestaciones, en todo el país, con motivo del primer informe de gobierno de Peña Nieto, en el Distrito Federal la SSP no actúo sola, sino también contó con la participación de la Policía Federal (PF), siendo así más de 4 mil policías. “la tensión aumento, el número era exagerado, y los encapsulamientos se suscitaron desde la mañana, en el monumento a la Revolución se dieron 15 o más detenciones arbitrarias que violentaron los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas”, declara Beatriz Hernández.
13 de septiembre de 2013. “Uno de los acontecimientos más terribles de la historia contemporánea mexicana, a la altura del ‘halconazo’, fue el desalojo de los maestros de la plaza de la constitución, así Peña Nieto, se convirtió en el Díaz Ordaz contemporáneo, afirmando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es uno sólo y uno mismo, ‘lo nuevo’ siempre fue un eslogan de campaña”, declara la periodista alemana Angelika Aller.
Horas antes de que en el zócalo se pudiera ver la claridad del día, los líderes de las delegaciones de maestros, que se encontraban en plantón indefinido en protesta de la Reforma a la ley laboral y educativa, dieron a conocer que Peña Nieto había ordenado un posible levantón a las casas de campaña. Poco después helicópteros de la PF, comenzaron a sobrevolar la zona, tan cerca del campamento que los plásticos volaron, dejando a muchos maestros a la intemperie.
A medio día el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dio el aviso a los docentes que tenían dos horas para desalojar pacíficamente, incluso les garantizaba una vía segura, pero nadie se movió y mientras la hora se acercaba la tensión crecía. A las cuatro y quince de la tarde, de Palacio Nacional, salieron enormes tanquetas y más de 2000 policías federales, quienes lanzaron gas lacrimógeno y grandes chorros de agua fría.
Se documentó que fueron 3 brigadas de militares las que fueron concentradas en el campo militar Número 1, donde los dotaron de cascos y uniformes de PF, así, armados con toletes y escudos los soldados, disfrazados de policías, “limpiaron” la plancha del zócalo. Los maestros fueron encapsulados y ejercieron sobre ellos acciones violentas, golpeando a hombres y mujeres por igual. Sobre este desalojo el secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio Chong, declaró al día siguiente que “fue un operativo profesional y apegado a los protocolos de Derechos Humanos”.
2 de octubre 2013. La marcha tradicional para conmemorar la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, culminó con 102 personas detenidas y al menos 32 lesionadas. Hubieron enfrentamientos entre la policía y personas que se cubrieron el rostro para no ser identificados, se registraron numerosos enfrentamientos entre policías vestidos de civil y detenciones arbitrarias y con violencia contra manifestantes pacíficos.
24 de noviembre de 2013. Rodada negra, fue una manifestación convocada por varias organizaciones civiles, en donde se usarían bicicletas, protestando por los detenidos del 2 de octubre anterior, sin embargo la policía también usó bicicletas y hostigó a los participantes.
1 de diciembre 2013. Miles de personas se manifestaron en contra de Peña Nieto y la criminalización de la protesta, aunque no hubo ataques frontales, se desplegó un operativo de más de 4.500 policías, entre ellos grupos vestidos de civil, que pusieron especial vigilancia en los jóvenes. El saldo fue de 14 detenidos y dos comunicadores golpeados y robados por granaderos.
Aunque las manifestaciones durante 2014 han sido con mayor frecuencia, en comparativa a otros sexenios, dentro de las principales se encuentra la del 8 de noviembre, en donde se pedía justicia y la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
La marcha partió alrededor de las 20:35 horas de las inmediaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y transcurrió con normalidad hasta su llegada al Zócalo capitalino. En la caminata participaron unas 15 mil personas.
Ya en la Plaza de la Constitución, un grupo de personas comenzó a tirar las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional e increparon a un grupo de guardias, cercanos a la puerta, para después prender fuego sobre ésta. El saldo fue de 18 detenidos.
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20 de noviembre. 16 estados mexicanos protestaron, varios contingentes en la capital del país llegaron al país, conformando así una manifestación de varios cientos de miles de personas, el motivo desde aquel septiembre fue la búsqueda de los 43 alumnos de Ayotzinapa.
Los manifestantes quemaron una efigie gigante de Enrique Peña Nieto. Aquella noche 31 personas fueron detenidas, en un primer momento en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, durante la marcha y por la noche en el Zócalo. Las acusaciones giraron en torno de: intento de motín, intento de asesinato, crimen organizado y terrorismo. Siendo trasladados a cárceles de máxima seguridad en Nayarit y Veracruz.
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El 1 de diciembre de 2014 la consigna generalizada fue “Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa” y “el Estado es el culpable” , miles de ciudadanos salieron nuevamente a las calles para exigir, una vez más, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado. En aquella manifestación también hubieron aproximadamente 15 detenidos y la violencia por parte de la policía llegó incluso ha manifestantes pacíficos.
Libertad de expresión
Según la organización civil “el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el más violento para la prensa desde hace siete años. Los derechos de los profesionales de los medios, son los peores desde 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, inició su cruzada contra el narcotráfico. Cada 26.5 horas exactamente, un periodista es agredido en México. Durante 2013, se registraron 330 agresiones contra reporteros, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en el país. Las estadísticas revelan también que en el 59.3% de los casos el responsable de la acción violenta fue un funcionario público. Pese al aumento de los ataques, en 2014 murieron cinco periodistas”.
Según el informe “Disentir en silencio: violencia contra la prensa”, en 2013 con respecto a 2012, las agresiones se incrementaron un 59%, con 123 casos más. Porcentualmente, de cada 100 ataques, 85 se dirigen contra un reportero o periodista audiovisual; diez contra directivos; y los otros cinco contra columnistas, otros empleados de medios y caricaturistas, el otro 10% fueron ataques a instalaciones.
Artículo 19 señala que los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California y Zacatecas. Exceptuando Veracruz, ya que a este caso lo califican como “de seguridad nacional porque 10 periodistas fueron asesinados desde enero del 2011. A la vez, las agresiones contra profesionales de los medios aumentaron, y pasaron de 3 2012 a 14 en 2013, esto es un exterminio a la prensa”. Por su parte, en el Distrito Federal aumentaron los ataques y detenciones contra periodistas que cubrían protestas en sus calles, además del robo de sus teléfonos celulares. En 2013 se documentaron un total de 34 agresiones contra periodistas en la capital del país, el mayor número desde 2007. Peña Nieto sigue sin pronunciarse puntualmente sobre dichos ataques y asesinatos en contra de la prensa.
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En el ámbito gubernamental, el ejecutivo presentó una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones, cuyo contenido mantenía disposiciones relacionadas con el control de las telecomunicaciones en contextos de protesta social y la restricción de noticias, que “atenten contra la seguridad nacional y el orden público”. La ley de Telecomunicaciones pretende otorgar facultades discrecionales a las agencias de seguridad del Estado para solicitar a los concesionarios de servicios de telecomunicación bloquear señales en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”. En cuanto a los datos obtenidos mediante localización geográfica en tiempo real –misma que no necesitará orden judicial– los concesionarios de servicios de comunicación tienen la obligación de resguardarlos hasta por 24 meses a partir de la comunicación intervenida.
Hasta hoy Enrique Peña Nieto no ha creado, ni ha presentado proyecto alguno para crear una instancia que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, según Ana Cristina Ruelas Serna, oficial del Programa de Acceso a la Información, de la organización Artículo 19, “Lejos de informar, la publicidad oficial se ha convertido en un instrumento de propaganda y una plataforma política de funcionarios públicos. Por ejemplo, entre el año 2013 y 2014 diversos actores políticos como el gobernador de Chiapas y algunos delegados del Distrito Federal, se promocionaron utilizando su propia imagen mientras publicitaban el informe de labores o las actividades públicas que realizaron por representación y mandato”.
Argumenta que “una característica alarmante sobre el gasto en publicidad oficial, es que no se encuentra regulado a pesar de los numerosos intentos legislativos nacionales y locales, Peña Nieto no cumplió lo de su iniciativa, porque él mismo excede el presupuesto. Existe un uso indiscriminado, arbitrario y opaco del gasto”.
Según los resultados del reporte de la Ejecución de los Programas y las Campañas Gubernamentales, Peña Nieto gasta diariamente en promedio 6.3 millones de pesos en propaganda oficial. Y en los primeros 10 meses de 2014, se pagaron 144.2 millones de pesos a la empresa Televisa y 83.4 millones de pesos para TV Azteca, destinados a informes sobre resultados de programas sociales.
Ruelas Serna afirma “El gasto en publicidad oficial debe estar respaldado por facturas o contratos, las cuales deben contar con la información relativa al nombre del proveedor, la razón social, el número de contrato o factura, el objetivo específico del contrato y debe darse a conocer a los ciudadanos”.
*Ésta es la primer parte de los compromisos incumplidos/olvidados de Peña Nieto, quien sólo prometió para ganar el voto. Actos dignos del PRI a lo largo de su historia. Mañana publicaremos la segunda parte que ahondará en temas como los derechos humanos y la transparencia institucional
