Por: José Carlos Moreno
(18 de febrero, 2015).- Enrique Peña Nieto en agosto del 2014 propuso el dictamen de la ley reglamentaria al Art. 29, que es el que habla sobre los casos de excepción, el escenario en el que las personas mexicanas perderán que parte de sus Derechos Humanos, y apenas el pasado 12 de febrero esas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.
Lo que se propone en estas modificaciones a lo que sería el estado de excepción, es que Derechos Humanos del tipo político queden totalmente suspendidos. Facultades ciudadanas y humanas como la libertad de expresión, la protesta y la manifestación civil, quedarían anuladas, si la “unidad nacional” o la “paz social” se consideraran en peligro por el ejecutivo y fuera ratificado esto por el legislativo. Muchas organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos como Artículo XIX, El centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, ya había manifestado en su momento la preocupación que les causaba ésta propuesta ahora aprobada.
Hay que recordar que en un principio las reformas a éste articulo nacen de la gran reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos a toda la constitución, y que buscaban dejar a los instrumentos internacionales a la par de la carta magna. Ahora éste nuevo dictamen desacata esta noción, devolviéndole al poder mexicano un poder discrecional enorme, nada democrático, en cuanto lo que es o no es una amenaza interna; el dictamen no plantea clausulas claras y casi cualquier cosa como cualquier tipo de oposición democrática al régimen, podría llegar a caer en la consideración de “riesgo para la seguridad”.
Es necesario denunciar que éste dictamen se da en el contexto actual de violencia narco Estatal, violaciones a Derechos Humanos sistemáticas no reconocidas, y apunta a la criminalización a la protesta social: coincide con el gran proyecto priista de facultarse a si mismo para, de manera legal en conjunto con otros instrumentos como la ley bala y la ley anti marchas, eliminar brotes de oposición e inconformidad por los medios de la ley y las justificaciones interpretativas que quiera elegir. Como si la violencia narco Estatal no fuera suficiente, se hace ilegal el quejarse.
Ante esta situación de alarma, vale la pena volver a una reflexión fundamentalmente necesaria sobre las diferencias entre ley y justicia:
Generalmente pensamos que la ley es el instrumento de la justicia, y que por lo tanto la ley es justa. Es cierto que así debería de ser en teoría, las leyes deberían de ser creadas a partir de la necesidad humana y social de la impartición y la obtención de justicia, sin embargo la ley ha resultado injusta para millones de personas en muchos lados del mundo, en diferentes momentos históricos: en todas las dictaduras las leyes han sido el instrumento de la represión y el autoritarismo, los ejemplos latinoamericanos y el nuestro propio resuenan como los ejemplos más cercanos.
En muchas realidades, Justicia y Ley están bastante alejadas una de la otra. Si pensamos que la Ley puede ser considerada objetiva, decimos que La Lay es, y si ésta no se cumple se cae en automático en un delito y se vuelve uno un criminal. La justica, por la otra parte, depende de las situaciones, pero no de las consideraciones personales o de estar escrita en algún lugar; lo que es justo en un momento o lugar para un dado grupo, no necesariamente lo es para otro diferente, pero la aplicación de justicia siempre surge del reconocimiento de la dignidad humana: en un escenario de Justicia nadie queda realmente privado de ésta.
Esto es palpable en el ejemplo mexicano, hay leyes en algunas entidades que surgieron de una apreciación de falta de justicia, como la que permite el aborto, o la que permite los matrimonios homosexuales, y no porque no sucedan en todo país no significa que todas las personas del mismo país a quienes les podrían afectar éstas leyes (en estos casos personas homosexuales y mujeres) no merecen la justicia de tener esas facultades reconocidas por el sistema legal, y no ser criminalizadas por ejercer su dignidad. Hay otras leyes, federales, que se amplían a todo el país, que también surgieron de las luchas sociales que querían justicia apelando a la dignidad humana, como el voto femenino, o la no esclavitud, y nadie en su sano juicio podría considerar que estas leyes son injustas o que deberían revocarse o incluirse en algún estado de excepción.
¿Entonces por qué sí suspender los derechos políticos?
Una persona humana sin la facultad de politizarse en su sociedad, es reducida a una persona incapaz de generar cambio, incapaz de asumirse como actor social, es una persona reducida a la existencia de consumo, de producción, y de búsqueda de placer y ya no de sentido social trascendental, y en tanto que esta existencia es es valida y no carece en sí mismo de dignidad, es una opción; aquí se busca normativizar el comportamiento ciudadano y popular a uno que no estorbe al ejercicio del poder. La Ley es injusta no porque a mi no me guste si no porque omite el reconocer partes fundamentales de la dignidad humana: negar las facultades de libertad de expresión, de manifestación, de protesta, es negar partes fundamentales de las personas.
Hoy la necesidad política de éste gobierno en llamas es la de bajar la flama a la oposición política ciudadana expresada en la protesta y la manifestación. Las tácticas y estrategias para esto son amplias, de herencia autoritaria priista, y de sofisticación mediática de marca televisa. El PRI propone y televisa dispone: aquí no pasa nada, y lo que pasa es que las facciones que buscan deliberadamente y por una agenda oculta desestabilizar al país y a su ejemplar orden social, deben de ser neutralizadas, para que todos podamos avanzar. Y televisa, la maquina de sueños, es capaz de crear e instaurar a través de sus voceros éste sueño priista en la mente de muchas personas mexicanas.
Y como eso ya no basta, ahora lo ilegal que se hace legal: El 68, el halconazo, Acteal, Aguas blancas, Atenco, el primero de diciembre de 2012, Ayotzinapa, y el 20 de noviembre de 2014, por recordar sólo algunos, nos han demostrado una y otra vez como la represión policíaca y militar a la manifestación de ideas y de exigencias legítimas así como a la oposición pacífica y organizada a una idea de régimen de gobierno y ejercicio del poder, es motivo de abuso de la fuerza, de encarcelamiento ilícito, de tortura, de desaparición forzada, y de matanzas.
En estos ejemplos los eufemismos de “paz pública” y “orden público” que se refieren a control gubernamental e injerencia política totales, unidos a la indiscriminatoria palabra “perturbar” o “perturbación” por la cual las autoridades pueden entender prácticamente cualquier conducta ciudadana o popular que indique descontento o denuncia, han sido la insignia preferida e intocable para la legitimización de éstos atentados contra la dignidad humana.
La ley cambia y se adapta, la ley es capaz de disfrazar felonías para volverse un instrumento al servicio de un poder ambicioso de más poder. La ley, queda claro, no es necesariamente Justicia, La ley, cada día más en éste país, es insuficiente y se vuelve en nuestra contra. Parece que lo que poco a poco propone el gobierno federal es que para vivir en dignidad, conservando las libertades y los derechos humanos intactos, a medida que recortan facultades, derechos, libertades y dignidades, tenemos que ser criminales.
