(23 de febrero, 2015).- Gustavo Ortega Pérez, falleció esta mañana a los 23 años, debido a los impactos de bala en la cabeza y espalda propinados por elementos de ejército mexicano en Nuevo Laredo Tamaulipas. Gustavo resistió por una semana en el hospital antes de su deceso.
Dafne de la Cruz, esposa del fallecido, interpuso una demanda en contra de los militares que tras haber ingresado a su marido al Hospital General, resguardaron el lugar y obstaculizaron la visita de sus familiares.
Según los elementos castrenses, de quienes sobran las razones para poner en tela de juicio sus argumentos, Gustavo los agredió a balazos y luego de una persecución le dispararon hiriéndole de gravedad.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) -único de su tipo en la entidad- precisó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos constataron que soldados de 16º Regimiento de Caballería Motorizada interfirieron en el trabajo de los médicos que atendían al convaleciente.
“El personal militar se dedicó a obstruir la atención del lesionado e intimidar al personal de enfermería, médicos y familiares, una vez que ante la falta de medicamentos se determinó trasladarlo al Hospital de Especialidades de la entidad” detalló Ramos Vázquez.
Según él mismo, el deceso de Ortega Pérez es el primero por ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo en lo que va del año, sin embargo se han registrado 12 ejecuciones del mismo tipo desde marzo de 2009.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) “se ha negado a abrir una averiguación previa, pese a que le correspondería hacerlo de oficio desde el momento en que ocurrieron las lesiones” aseguró el activista en derechos humanos. Asimismo la Procuraduría de Justicia Militar ha hecho lo mismo a pesar de que le corresponde averiguar los hechos “toda vez que se ha violentado el manual de uso de la fuerza” estipulado por las fuerzas armadas.
Ramos Vázquez continúa, asegurando que las violaciones graves a derechos humanos son una constante de los militares con todo y la impunidad con que se llevan los procesos, asegurando que la PGR se niega abrir averiguaciones tanto por los hechos de violencia como “por la modificación de la escena del crimen, (…) un patrón que una vez que los militares cometen abusos, proceden a la alteración de evidencias, y esa parte jamás es esclarecida”.
