(26 de febrero, 2015).- Katherine Corcoran y Eduardo Castillo escriben para Associated Press sobre la crítica situación de México y el desprestigio generalizado que sufre Peña Nieto, y lo hacen basándose en diversos hechos que han empañado la credibilidad de las instituciones políticas y ya no sólo por el pueblo mexicano sino las grandes empresas.
El encabezado en los periódicos nacionales de México era raro, por no decir sin precedentes: 20 poderosos grupos empresariales y grupos de expertos regañaban públicamente al gobierno por no hacer su trabajo.
Exigieron “condiciones necesarias para hacer su trabajo… con total seguridad, en todo el país”. El anuncio, publicado el mes pasado, pidió a Enrique Peña Nieto “honrar su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.”
La crítica pública, de la comunidad empresarial de México, subraya el apoyo erosionando para la administración de Peña Nieto al entrar en el tercer año de un mandato de seis. Los líderes empresariales están enojados por las reformas que han aumentado la presión fiscal, sin provocar el crecimiento económico; escándalos más aparente favoritismo y los actos de anarquía que están perjudicando el comercio.
La semana pasada, Coca-Cola detuvo sus operaciones en la capital del estado de Guerrero debido a los ataques y secuestros de sus trabajadores. En Guerrero, y en otros lugares, las empresas se quejan de que están perdiendo mercancía por los robos en la autopista. Los manifestantes antigubernamentales han requisado peajes, saquearon las oficinas del gobierno, bloqueado los envíos y cerrado aeropuertos. Carteles de la droga dominan grandes extensiones de tierra, extorsionando los dueños de negocios, compra de autoridades e interrumpiendo industrias importantes como la agricultura y el turismo.
La reprimenda pública “refleja en gran parte la fatiga, el agotamiento de muchas búsquedas de soluciones a nivel regional, muchas promesas en el nivel regional y federal que iban a arreglar las cosas. Y, ellos no han arreglado las cosas”, dijo Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Foncerrada dijo que el impacto de la delincuencia y la impunidad en las empresas se han convertido en “absolutamente intolerables.” Los líderes empresariales también están golpeando al imperio de la ley y de los códigos de ética en respuesta a los recientes casos de corrupción pública y conflicto de intereses.
Las quejas han llegado a los más cercanos a Peña Nieto, incluyendo a su esposa y el ministro de Finanzas. A ambos se les descubrió que tenían comprado propiedades de lujo, de un contratista del gobierno que era parte de un grupo galardonado con un lucrativo proyecto de tren de alta velocidad (Grupo Higa). Ambos defendieron las compras como legales e incluso Nieto mencionó que pudieran parecer “que hicieron mal las cosas pero no es así” y dio vida a una desahuciada Secretaría de la Función Pública para que “entre cuates” se investiguen.
No cabe duda que México pasa por un momento crítico que está provocando una lenta agonía que dirige a la nación hacia un destino prácticamente imposible de descifrar pero que genera temor e incertidumbre.
