Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
La urgencia de poner fin al modelo económico decimonónico se afianza luego de la visita de Enrique Peña Nieto a la Gran Bretaña. Para el régimen que encabeza nominalmente, lo único válido y sustentable es propiciar un muy favorable clima de negocios para una élite oligárquica cada vez más reducida. Con todo, lo peor es que ni siquiera sería la principal beneficiaria, sino socia menor de los grandes intereses trasnacionales, porque la clase empresarial mexicana no acepta ni de broma sacar un dólar de sus bolsillos, acostumbrada como está a que todo se lo proporcione el gobierno, sin correr un mínimo riesgo.
El papel de Peña Nieto es el de simple agente de ventas de los bienes de la nación, pero no con el objetivo de lograr las mayores ventajas para el país, sino de ofrecer gangas que sean atractivas para los posibles inversionistas extranjeros. El colmo es que se endeude a la de por sí frágil economía mexicana, para que sean los acreedores mismos quienes se beneficien con el crédito otorgado. Así lo patentiza el acuerdo al que llegó Peña Nieto con el Departamento de Garantías de Crédito para la Exportación del Reino Unido, “para una nueva línea de crédito con un valor hasta de mil millones de dólares para financiar adquisiciones de bienes de capital y servicios proporcionados por empresas que realicen negocios en Gran Bretaña”.
Este mecanismo es similar al de la famosa, en el sexenio pasado, Iniciativa Mérida, mediante la que el gobierno estadounidense comprometió al mexicano a comprar equipos y armamentos gringos para la fatídica guerra contra el crimen organizado. O como la capitalización de los bancos, después de la debacle financiera de 1987, con dinero público, para entregarlos completamente saneados a los adquirientes extranjeros, dejándole a los mexicanos una deuda impagable que mientras más pasan los años más se incrementa, porque el principal es intocable. El país se empobrece cada día, pero los oligarcas “emprendedores” se enriquecen como en ninguna otra economía emergente.
Eso no importa a quienes ocupan los más altos puestos en el Ejecutivo, porque al final del sexenio dejan sus oficinas como personajes enriquecidos de manera escandalosa. Lo dramático del caso es que parecen estar en competencia con sus antecesores para ver quién logra enriquecerse más. El hecho concreto es que como en ningún otro país, los políticos en el poder lo dejan en calidad de nuevos ricos, pero no cualquier rico, sino súper millonarios. Por eso indigna que hablen, como lo hizo Luis Videgaray, de verse obligados a recortar el gasto público por la caída de los precios internacionales del petróleo. Lo que recortan todavía más, sin ponerse a pensar en las terribles consecuencias, son los de por sí precarios niveles de vida de las clases mayoritarias.
Como si México estuviera en una situación bonancible, como lo estuvo en los años del llamado “milagro mexicano”, le seguirán apretando el cinturón al pueblo, lo despojarán de sus raquíticas pensiones, agravarán el desempleo y la pobreza de dos terceras partes de mexicanos. Y todavía nos amenaza Videgaray con un recorte más en el 2016. Como si fuéramos retrasados mentales no tiene empacho en decir: “Al final, el ajuste es para preservar la estabilidad y el crecimiento de la economía”. ¿Acaso no van ya tres décadas de “ajustes” cada vez más injustos, mientras la economía ni se ha estabilizado ni mucho menos ha crecido? No sólo se frenó el crecimiento inercial de los años anteriores al neoliberalismo, sino que retrocedimos como ningún otro país emergente en el mundo. ¿Acaso es una mentira que el valor real del peso es actualmente de 15 mil por un dólar?
Lo más espeluznante es que ni la oligarquía ni la burocracia dorada están conformes con los resultados obtenidos, mucho peores que las metas negativas que propuso el Consenso de Washington al Ejecutivo mexicano en 1983, sino que quieren asegurarse de contar con un Estado neofascista, con la peregrina idea de que las grandes empresas trasnacionales se responsabilicen de encauzar la economía, llevando como socios a los oligarcas mexicanos, y teniendo a la clase política en el poder como simples ejecutores de las órdenes que convenga realizar, no sólo en el plano administrativo, sino en el de la salvaguarda de los intereses concretos de los empresarios, sobre todo los extranjeros.
