(20 de marzo, 2015).- Durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones a sus derechos en el proceso de aprobación de la reforma energética.
Esto, porque consideran que omitieron derechos como a la consulta libre, previa e informada, así como el derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas, fueron vulnerados en el proceso de aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
En este sentido, la reforma energética tal y como fue aprobada, facilita y prioriza la entrada de empresas a territorio nacional, advirtió Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Por otro lado, alertó sobre el silencio que existe respecto al impacto de la explotación de hidrocarburos en los ingresos del Estado, para el financiamiento de los servicios públicos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que la experiencia mexicana con industrias extractivistas, ha sido desastrosa en términos sociales y ambientales.
Agregó que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica no contempla consulta previa, sino mecanismos de negociación posterior al otorgamiento del contrato. “Es decir, la empresa llega a los territorios indígenas ya con un derecho adquirido“, señaló.
“Se violenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No es un problema futuro, México es un país de tradición minera, otra industria extractiva, en donde aplica el mismo esquema”.
Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (SENER), Fernando Zendejas, argumentó que la visión de los derechos humanos es central en esta reforma energética, para que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos.
“La intención con la reforma energética fue que las leyes incluyeran mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los habitantes y propietarios de las tierras”, agregó.
