Ilustración: Pe Aguilar /@elesepe1
La inseguridad pública sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. De acuerdo con datos del INEGI, 68 de cada 100 personas así lo confirman. Esto significa que las causas profundas del flagelo continúan intocadas, a pesar de que el gobierno federal continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales responsables de combatir a la delincuencia organizada. No se quiere admitir que corregir el problema no es un asunto de contar con más armas y equipamiento que las organizaciones delictivas, sino de cohesión social, de justicia y democracia.
En el segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que remitió al Senado, Enrique Peña Nieto señaló que las fuerzas armadas “fortalecieron sus capacidades con infraestructura, tecnología de punta y modernización de los pertrechos castrenses”. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que un grupo delictivo de Jalisco tendiera una emboscada en la carretera libre Guadalajara-Puerto Vallarta, el pasado lunes, que costó la vida de 15 policías y resultaron heridos cinco más. Casos como este suceden en diversas partes del país, no llegan a los medios porque acontecen en regiones incomunicadas, pero sí los registran quienes viven en los alrededores.
Podría decirse que la violencia actual es una secuela de la absurda “guerra” de Felipe Calderón. Pero también es verdad que pudo haberse cortado si el “gobierno” de Peña Nieto hubiera actuado conforme al imperativo de corregir una estrategia absolutamente errónea. Han transcurrido poco más de dos años y la violencia sigue igual o peor, porque se mantuvo la inercia del combate al crimen organizado sin corregir las causas sociales del flagelo. Al contrario, se profundizaron con políticas públicas antisociales, antidemocráticas e irracionales, porque así conviene a la minoría que se beneficia con el caos imperante. No sólo facilita la corrupción, sino que permite negocios paralelos a la modernización de las fuerzas armadas.
De ahí que sea necesario el exhorto que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, a los nuevos juzgadores del país, a “no ser vulnerables ante la presión, arrogancia o amenazas del poderoso”, aunque lo primero que debería haber evaluado es la viabilidad para seguir esa exhortación. Obviamente, no hay condiciones, porque si hay alguien vulnerable en muchas partes del territorio nacional, son los impartidores de justicia. No sólo porque no existen condiciones para enfrentar la “arrogancia o amenazas del poderoso”, sino por el altísimo nivel de la corrupción en el país. ¿Acaso un juez puede enfrentarse solo a los poderes fácticos?
Estamos en México, donde la democracia y el Estado de derecho son palabras vacías de contenido, buenas sólo para adornar los discursos del grupo en el poder. ¿No ha sido la propia Suprema Corte vulnerable a las presiones y arrogancia de los poderosos? Lo más dramático del caso es que las cosas seguirán igual o peor, porque no existe una mínima voluntad en las cúpulas del poder de cambiar la realidad nacional. Los hechos muestran una terquedad muy firme en continuar por el rumbo trazado hace tres décadas, sin que las élites acepten la urgencia de modificar el modelo económico, a pesar de que como lo reconoció el ministro Pérez Dayán, “hay indignación en la sociedad”.
¿Cuánta de la violencia que le achacan a las organizaciones delictivas no es en realidad una protesta social encauzada por vías violentas porque no se le deja otra opción a quienes se ven orillados a tomar las armas? En los estados más pobres de la República, como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, puede afirmarse que la línea divisoria entre delincuencia organizada y protesta social es muy delgada. El caso de Michoacán tiene un origen diferente: la connivencia entre autoridades y organizaciones delictivas para saquear la riqueza existente en dicha entidad, razón por la cual la sociedad afectada se vio forzada a organizarse para hacerse justicia.
En consecuencia, es necesario insistir en que la solución a la violencia imperante en el país no está en contar con fuerzas armadas y policías equipadas con tecnología de punta, sino en construir un Estado de derecho al que se obligue a entrar a los arrogantes y poderosos, el principal obstáculo al desarrollo social del país.
