El sistema político estadounidense vive una profunda crisis de derechos humanos, como lo demuestra la impunidad de que gozan los policías asesinos de civiles con absoluta premeditación, alevosía y ventaja. Un crimen más de tales características fue cometido el miércoles en North Charleston, Carolina del Sur, situación que pone en entredicho la autoridad moral del gobierno de la nación vecina para juzgar al resto de las naciones en la materia. Estados Unidos se ha retrotraído a los tiempos de la discriminación racial, porque así lo exige un modelo económico que busca imponer la hegemonía del capital monopólico sobre la sociedad.
Es la versión “moderna” del liberalismo del siglo diecinueve, que aquí en nuestro país ha sido impuesto con gran éxito, pero al mismo tiempo con un resquebrajamiento irreversible del Estado, como lo evidencia la exclusión de más y más ciudadanos del proceso productivo para enviarlos a la economía informal, en el mejor de los casos, porque existen salidas peores: el crimen organizado y la migración forzada, que desde hace tres décadas suma arriba de 12 millones de personas. Sin embargo, la gran tragedia de México son los más de cien mil muertos y desaparecidos tan solo en ocho años, luego de que Felipe Calderón decretó su criminal “guerra” contra los cárteles del narcotráfico.
El fantasma que ahora se pasea por el mundo es el del neoliberalismo, la versión corregida del fascismo que tanto daño causó a la humanidad en la cuarta década del siglo pasado. El terror es el arma principal de los gobiernos fascistas para imponer sus condiciones a una sociedad cada vez más oprimida, de ahí que los policías estadounidenses tengan plenas garantías para cometer asesinatos brutales, como los sucedidos en los últimos cinco años, paradójicamente cuando llegó al gobierno en Washington un político de origen afroamericano. Así se confirma que no importa quien ocupe el salón oval de la Casa Blanca, sino las políticas que impone a éste la plutocracia que manda realmente en la cúpula del Estado.
Atemorizar a la población es la vía más fácil para que las élites del poder asuman su rol de control sobre la población mayoritaria. Así sucede en nuestro país, tal como lo recordó el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en el foro ciudadano sobre desaparición forzada que organizó la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados. “En este país se vale hacer todo contra la ciudadanía”, afirmó y señaló que en la Comisión de Justicia están pendientes de dictamen diez iniciativas para integrar una ley de desaparición forzada.
Es fácil anticipar que, de aprobarse dicha ley, ocurrirá lo que es usual en los regímenes autoritarios, que tan bien ejemplificó la frase virreinal “acátese pero no se cumpla”; o la consigna porfiriana: “a los amigos justicia (impunidad), a los enemigos todo el peso de la ley”. En México por leyes no paramos, el problema es que no sirven de nada, como lo confirma la impunidad existente, comparable a la que disfrutan los policías estadounidenses que matan brutalmente a civiles con el solo objetivo de crear un clima de terror entre la sociedad mayoritaria, a fin de controlarla con más eficacia.
Esto es indispensable para que las élites oligárquicas tengan más facilidades para esquilmar a la población, propósito fundamental del neoliberalismo, como se puede observar en la actualidad, no sólo en nuestro país sino en todos los que han abrazado las consignas del llamado Consenso de Washington que puso en marcha la estrategia neoliberal en boga. Así lo patentiza la denuncia que hicieron los dirigentes de la organización sindical internacional IndustriAll Global Union, luego de haber tenido sendas reuniones con Enrique Peña Nieto y con Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, para pedirles garantías para los trabajadores mineros del país y para que pueda regresar su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, sin el riesgo de ser aprehendido porque así lo quieren los magnates que controlan este gran negocio.
Kemal Ozkan informó que fueron escuchados pero no hubo respuesta a sus peticiones. Destacó que la organización sindical que representa rechaza la política laboral del gobierno mexicano, y ejemplificó con la protección que le otorga a Grupo México de Germán Larrea, y paralelamente se ataca y agrede a las organizaciones y gremios democráticos, mientras que se impulsa y protege a los “sindicatos” bajo el control de los patrones.
