La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), acaba de confirmar que las nuevas generaciones de mexicanos están condenadas a sobrevivir en medio de grandes penurias. Las pensiones que habrán de recibir los jubilados serán de entre 27 y 43 por ciento de su salario, por lo que consideró necesario que ahorren voluntariamente hasta 11 por ciento para alcanzar una pensión máxima del 70 por ciento. Sólo que el organismo se olvida que los sueldos en México son de los más raquíticos de América Latina, y que si no alcanzan para sufragar los gastos diarios de una familia, es ilusorio pensar que “voluntariamente” se pueda ahorrar aunque sea un peso.
Esta es la meta a la que querían llegar los tecnócratas al servicio de la cúpula oligárquica, cuando en el sexenio de Ernesto Zedillo se puso en marcha el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que puso en manos de la iniciativa privada al gran negocio que en muy poco tiempo demostró su perversa finalidad, y multiplicó por miles las ganancias de los bancos y empresas participantes en la administración de los fondos de pensiones. Según Zedillo, ésta “es la gran solución social al México moderno de hoy (sic), y se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo”. De este vaticinio no se cumplió una sola de sus expectativas, sino todo lo contrario, como lo patentizan los hechos.
Con toda premeditación, alevosía y ventaja, Zedillo dio una puñalada en el corazón de los trabajadores, aunque de seguro ya ni debe acordarse de semejante crimen social ante el cúmulo de arbitrariedades que cometió contra México, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Consenso de Washington. En la actualidad hay más de 4 millones de pensionados, y el compromiso en este momento de pagar las pensiones públicas podría representar más de 104 por ciento del PIB de 2010, como señala Pedro Vázquez Colmenares G. en su libro Pensiones en México. La próxima crisis. La dramática realidad es que no hay fondos para pagar pensiones, pues un altísimo porcentaje está invertido sin un estricto control, que ha permitido que las ganancias sean privadas y las pérdidas sean públicas.
Ahora la Consar, ante la imposibilidad de seguir ocultando la verdad, empieza a soltar información verídica para ir preparando a la sociedad a que acepte sin chistar el ramalazo que viene. El “gobierno” de Enrique Peña Nieto apuesta a que no le quedará de otra a los afectados, al fin que lo que resta del sexenio todavía podrá seguir echando discursos optimistas y con eso sobrellevar la terrible realidad, cuyas consecuencias más dramáticas se verán a mediano plazo. El problema es que la alta burocracia, con su soberbia, su corrupción e insoportable petulancia, puede acelerar la crisis, porque es un hecho que sus miembros carecen de una mínima conciencia del país en que viven y lucran con recursos públicos sin cuidar las formas.
A esto hay que añadir que la impunidad favorece se sigan cometiendo toda clase de abusos y corruptelas que afectan a las clases mayoritarias. En consecuencia, se ve muy difícil que se pueda sostener la situación de crisis manejable muchos meses más. Menos incluso si Peña Nieto sigue con su visión surrealista del país, pintándolo de colores magníficos, y afirmando que “el sector privado es el motor del crecimiento económico”. ¿Cuál crecimiento desde hace tres décadas, a partir de que comenzó el desmantelamiento del verdadero motor que por más de cincuenta años fueron las grandes empresas públicas?
Según Peña Nieto, los inversionistas extranjeros “vienen porque aquí hay condiciones que favorecen la inversión. Encuentran seguridad jurídica, certidumbre y confianza en el rumbo que lleva el país”. Vienen porque aquí encuentran facilidades de sobra para lucrar como en ninguna otra nación, con el apoyo de autoridades que se prestan a servirlos incondicionalmente, sin importar el daño que algunos de esos empresarios provocan con su saqueo, como los que están destruyendo regiones enteras con la explotación de minas, sin respetar normas ni pagar salarios mínimamente justos a los trabajadores. No hay bases, pues, para que los tecnócratas en el poder crean que la crisis de las pensiones puede sobrellevarse varios lustros más.
