(22 de abril, 2015).- Las condiciones a las que se deben enfrentar los jornaleros del Valle de San Quintín verdaderamente son difíciles, no sólo por el hecho de la explotación laboral que padecen, sino además porque no cuentan con servicios de salud idóneos.
En su visita la semana pasada a la capital del país, cientos de jornaleros buscaron entablar diálogos con los representantes federales en aras de encontrar soluciones y atención a sus demandas.
Al reunirse con los legisladores en San Lázaro, Lucila Hernández, una de las mujeres líderes del grupo de jornaleros, habló con los llamados representantes populares, a los cuales les expuso las condiciones precarias en materia de salud en las que viven.
Entre las exigencias de esta líder de los trabajadores del campo se encontraba una particular: la necesidad de construir un hospital de especialidades en la zona de San Quintín. Lucila Hernández argumentó a los diputados que es urgente construir un inmueble de esta índole, ya que, explicó, se han presentado muertes de mujeres y niños debido a que no cuentan con la atención, y tienen que trasladarse más de cuatro horas para recibir los servicios de salubridad.
La trabajadora detalló a los legisladores un par de casos en los que mujeres fallecieron debido a que necesitaba atención especialidad por urgencias médicas y complicaciones en el parto. A lo anterior comentó las dificultades que tuvieron que padecer para poder trasladar a Ensenada a este par de mujeres, que a pesar de los intentos perecieron.
De igual manera habló sobre sobre la situación que vivió Enedina Muñoz, una mujer de 40 años que murió debido a un colapso en los riñones mientras intentaban trasladarla a un hospital en Ensenada. Igualmente habló sobre el caso de Leonila quien falleció a causa de complicaciones en el parto. A estas experiencias sumó la de un recién nacido, quien de regreso a la comunidad murió debido a que le entró polvo a los pulmones.
En tal sentido, añadió casos de trabajadores que deben trasladarse largas distancias para tratar sus enfermedades. En esa tónica mencionó la situación de Rosario, quien se ve en la necesidad de dejar a sus hijos y esposo para trasladarse cada semana a Ensenada y cumplir con sus citas médicas.
Lucila explicó que en su comunidad-poblada por 80,000 personas- únicamente cuentan con tres clínicas, dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una del Seguro Popular (SP); además de un hospital, pero que no tiene la capacidad de atender especialidades.
Esta trabajadora del campo expuso su caso particular. Contó las dificultades que tuvo que vivir para poder atender un padecimiento de miomas en los ovarios. Señaló que fue víctima de una fuerte infección derivada de una negligencia médica al someterse a un mal tratamiento ordenado por un doctor de la clínica del SP de su comunidad.
Según se explica una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las mujeres jornaleras al momento de pedir la atención necesaria se basa en el hecho que no cuentan con la documentación adecuada para solicitar el seguro social.
De acuerdo a datos recopilados en 2010 por la Casa de la Mujer Indígena (Cami), de 419 mujeres sólo 113 eran derechohabientes del IMSS. En tal sentido según información dada a conocer en recientes fechas por este organismo de seguridad social, de alrededor 80 mil personas que conforman la planta trabajadora, sólo 17 mil están afiliados a esta entidad.
