(11 de mayo, 2015).- Hoy por la mañana, el gobierno de Rafael Moreno Valle expropió por la fuerza un terreno de una manzana de extensión en la zona junto a la Gran Pirámide de Cholula.
Mediante el uso de la policía estatal y municipal de San Andrés Cholula, se expropió un predio que se encuentra dentro de la zona donde se construiría el proyecto de las Siete Culturas, hoy en teoría cancelado. El terreno se ubica a un costado de la casa del presidente municipal, Leoncio Paisano.
Xóchitl Formacio, activista en defensa de Cholula, confirmó que al menos cuatro grúas fueron utilizadas por los elementos de seguridad para llevarse los vehículos que se encontraban en el terreno, que era utilizado como corralón de vehículos averiados. Asimismo refirió que la expropiación se realizó sin la presencia del dueño del predio, usando como pretexto la ley de expropiación decretada en 2014.
“Saben que el pueblo no va a dejar que el parque siga avanzando, nosotros seguiremos en la postura de defender nuestro territorio y ante eso nos sumamos a esta queja”, declaró la activista.
Un funcionario de la Secretaría de Finanzas, partícipe de la expropiación, aseguró que el terreno es propiedad del gobierno federal tras el decreto de la ley de expropiación del año pasado. “El dueño es el gobierno del estado”.
Anteriormente Rafael Moreno Valle había asegurado que no habría mas expropiaciones en Cholula, “ya les expliqué físicamente en el sitio que no se requieren y yo entiendo que les preocupa la preservación del entorno”. Asimismo aseguró que el único proyecto en pie es el tren que correrá “del Museo del Ferrocarril de Puebla capital hacia la pirámide de Cholula, el derecho de vía ya está adquirido, no se tiene que hacer ninguna compra de terreno, ninguna expropiación”.
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Ley despojo
La ley de expropiación, mejor conocida como “Ley despojo”, fue aprobada por el Congreso poblano el 13 de marzo de 2014.
Con dicha ley, el gobierno del estado puede expropiar terrenos o bienes de manera inmediata sin que se notifique de la acción a los despojados. Y a pesar de que existan denuncias y procesos por parte de las autoridades ante denuncias de los afectados, el gobierno no interrumpirá las labores para lo que fueron expropiados los bienes.
De resultar ganador el quejoso, el gobierno de Puebla deberá indemnizar al afectado pero el monto de tal será determinado según el presupuesto con que cuente el estado.
Si el terreno expropiado tiene fines públicos, la demanda de los afectados no será revisada sino hasta dos años después, si en tal tiempo el monto del predio incrementó, el afectado deberá pagar la diferencia antes de interponer el recurso de reversión.
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Con información de Intolerancia Diario
