Con todo en contra, porque las instituciones del Estado están bajo el control de una élite al servicio de intereses extranjeros, las organizaciones populares no parecen darse cuenta que mientras no logren una unidad estratégica concreta, con la finalidad de frenar las presiones antidemocráticas de una minoría que tiene muy claros sus objetivos, y hace todo para alcanzarlos al costo que sea, el país seguirá su marcha acelerada hacia la instauración de un régimen totalitario.
No hay nada que justifique, en las actuales circunstancias, que trabajadores de la ciudad y del campo jalen por su lado, como si los problemas que enfrentan no fueran comunes a todos ellos. Tal parece que sus dirigentes no tienen capacidad para ver la realidad nacional en su conjunto, dramáticamente contraria a los intereses de las clases mayoritarias, situación que se agrava cada día porque la derecha no pierde su tiempo en rencillas gremiales, sino que actúa con base en una estrategia común con el fin de afianzar sus intereses oligárquicos.
Así como no hay justificación para que se deje solos a los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tampoco la hay para que las organizaciones campesinas no luchen por concretar un programa de acción conjunta que obligue al “gobierno” de Enrique Peña Nieto a cumplir su promesa de llevar a cabo una reforma profunda en el agro mexicano. En la actual coyuntura, lo único válido es la unidad con objetivos estratégicos, dejando a un lado discrepancias estériles, porque no caminar en esa dirección permitirá con más facilidad que el sistema antidemocrático que nos pisotea, lo siga haciendo con mayor sadismo y cinismo.
Una muestra de dicho comportamiento de la derecha en el poder, se verá hoy en la comparecencia de Emilio Chuayffet, secretario de Educación, ante la Comisión Permanente del Congreso. La derecha, representada por el PRI, el PAN y sus corifeos, tratará de confundir a la ciudadanía reclamándole al funcionario que haya cedido a “chantajes” de la CNTE, y anunciara una semana antes de las elecciones la “suspensión indefinida” de la evaluación magisterial. La verdad, que el mismo Chuayffet señaló una vez pasados los comicios, es que lo hizo como una manifestación de “prudencia”, no por una “negociación” con los mentores disidentes.
Así lo quiere hacer creer el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, al afirmar de manera irresponsable e insidiosa, que la evaluación debe llevarse a cabo, “sin permitir chantajes de ninguna índole de los profesores”. Llamó a Chuayffet a que explique “las razones para prestarse a negociar la ley con grupos de presión que se oponen a los procesos de evaluación”. Parte de una premisa falsa: la CNDH no se opone a las evaluaciones, sino a las medidas reaccionarias con una finalidad extra educativa que la oligarquía le impuso al régimen a su servicio.
Lo que tendría que explicar Chuayffet, en honor a la verdad, es por qué negocia con grupos de presión, como Mexicanos Primero que dirige el empresario ultra reaccionario Claudio X. González, la consumación de una contrarreforma educativa orientada a aniquilar la educación pública, gratuita y laica en el país; por qué se ha prestado a violar el mandato constitucional para concretar un modelo “educativo” cuyo objetivo básico es privatizar la educación y darle un cauce acorde a la ideología fascista de la extrema derecha, incansable en su perenne actitud chantajista contra un “gobierno” débil que no duda en plegarse abiertamente a las instrucciones de la élite oligárquica.
El panista Anaya se desgarra las vestiduras para exigirle a Chuayffet que cumpla con la ley. Y afirma: “En México no queremos una autoridad educativa que pague el salario de maestros que no se presentan en las aulas o que no tienen la capacidad para impartir clases”. Así le da un espacio al funcionario para que “justifique” la consumación de una contrarreforma que atenta contra la letra y el espíritu del artículo tercero constitucional, argumento fundamental que se ha dejado de lado en los debates. Los maestros no se opondrían a una evaluación enmarcada en una verdadera reforma educativa de carácter progresista, se oponen a las presiones de la derecha para aniquilarlos como gremio, a fin de dejar el paso libre a una “educación” sin raíces con el país, acorde con la desculturización que quiere imponer el Grupo de los Siete.
