Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
Al participar como testigo de la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Enrique Peña Nieto dijo que “el combate a la corrupción es en serio, a fondo e integral”. La primera reacción que provoca tal afirmación es de disgusto, porque sabemos de sobra que sólo se trata de un señalamiento demagógico, que no tiene sustento en la realidad porque no habrá ningún avance en esa dirección.
No tiene caso crear falsas expectativas en la sociedad, porque lo único que se consigue es agrandar la distancia que separa a gobernantes y gobernados, de por sí insalvable por la desigualdad existente, y porque el grupo en el poder no tiene una brizna de voluntad para crear espacios de diálogo con la sociedad mayoritaria. Esto es más que obvio, no sólo en lo que se refiere al problema con los maestros que rechazan con justa razón la mal llamada reforma educativa, sino al hecho sustantivo de que se debe predicar con el ejemplo, cosa que no se hace.
Lo que agrava la situación en la actualidad, es que la burocracia dorada no ha cuidado las formas, no se esperó que se acercara el fin del sexenio para meter la mano al erario y a las prebendas que facilita el ejercicio del poder. El inquilino de Los Pinos dice que la culpa de la corrupción imperante en el país la tiene “la condición humana”, cuando es un hecho irrebatible que hay muchos países donde el flagelo está bajo total control del Estado y no existen condiciones objetivas para que se reproduzca.
Si la humanidad, y los mexicanos en particular, estuviera regida bajo normas de carácter universal e inamovible, no existirían diferencias de fondo en el comportamiento de los seres humanos. Pero las hay y de gran profundidad, como lo demuestran la historia y la biología. No nacimos para ser corruptos, sino para vivir con apego a normas básicas válidas, ellas sí, para la humanidad en su conjunto. Los corruptos surgen bajo una realidad que propicia el fenómeno, como la impunidad y la carencia de escrúpulos de quienes ejercen el control de las instituciones del Estado.
Este es el caso específico de nuestro país actualmente, luego de muchas décadas de que el Estado ha hecho caso omiso del flagelo, con el fin avieso de que quienes tienen el control de las instituciones sean los primeros beneficiarios de un sistema donde la impunidad es la regla. ¿A poco no es corrupción que los presupuestos de obras públicas se “inflen” de manera desproporcionada? ¿No es un acto corrupto aceptar “dádivas” de proveedores que éste se cobra con creces al “inflar” los presupuestos? ¿Acaso no fue éste el caso que obligó a los constructores chinos a retirarse de la construcción del tren México-Querétaro, cuando los participantes mexicanos “inflaron” el presupuesto de manera criminal?
Bajo tal realidad, no tiene ningún sentido crear instituciones que sólo contribuyen a engrosar el gasto público. Así habrá de suceder con el recién instalado Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales. Según Peña Nieto, con este organismo “estamos haciendo un esfuerzo mayor, el Estado mexicano y la sociedad, por establecer este nuevo modelo de apertura y de combate eficaz a la corrupción”. ¿Habrá alguien que crea realmente en semejante parrafada? ¿Qué caso tiene abrir más frentes de discordia con la sociedad mayoritaria, de por sí afrentada por la inhumana desigualdad prevaleciente?
Todo tiene un límite en esta vida, y más aún en las relaciones entre gobernantes y gobernados. La ciudadanía está harta de discursos vacíos, de demagogia insustancial, de tomaduras de pelo que insultan la inteligencia de la población común. La corrupción no se va a combatir en México si las élites no ponen el ejemplo de voluntad y firmeza para combatir el flagelo ¿Por qué sólo el pueblo debe regirse por códigos que las cúpulas rechazan abiertamente?
Mientras la élite oligárquica y la burocracia dorada no pongan un ejemplo claro de comportamiento ético, no valen disculpas sobre las dificultades para acabar con la corrupción. Poner fin al flagelo no es un problema de la condición humana, comparable al “pecado original” de los textos bíblicos, sino un asunto de Estado de derecho y de democracia real y concreta.
