Por: Ximena Antilló*
El pasado 2 de julio de 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (también conocido como Prodh) presentó en conferencia de prensa su informe: Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Hoy, gracias a la persistencia de la testigo que aparece en el informe como Julia, podemos saber que lo que en su momento se presentó como un enfrentamiento entre el Ejército y la delincuencia, en realidad fue una masacre. El informe documenta por primera vez “la existencia de órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a derechos humanos”.
El informe muestra con mucha claridad, entre otras cuestiones, cómo se entretejen micro – regímenes de estado de excepción –como el arraigo en lo penal- en la institucionalidad de una aparente democracia que se ha desarrollado en el marco de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia organizada. El informe da una muestra contundente: la orden proveniente del “Alto Mando” castrense -es decir, del secretario de la Defensa Nacional- de fecha 11 de junio de 2014, con el propósito de “establecer las prescripciones que deberán realizar los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la función de seguridad pública, con la finalidad de reducir la violencia en el país”, y entre las cuales dispone que: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
A partir de documentos a los que el Prodh tuvo acceso en ejercicio de la coadyuvancia, este Centro de derechos humanos describe de manera detallada la cadena de mando que sostiene una serie de órdenes ilegales, en la medida en que el Ejército no está facultado para desarrollar las tareas prescritas. El hecho de que la orden sea ilegal no significa que no tenga una racionalidad propia. Estos documentos, a todas luces de interés público, muestran que la orden se apoya en la construcción de una serie de categorías que tienen como consecuencia suspender la garantía de los derechos humanos de sectores de la población susceptibles de ser considerados delincuentes.
La orden castrense alude constantemente a “delincuentes” -a quienes es preciso abatir-, y “personas inocentes” -a quienes hay que garantizar su seguridad-. Tal como señala el Prodh, es evidente la falta de elementos para distinguir – sin un juicio previo y obviamente sin presunción de inocencia- unos de otros. Esto nos ha llevado a un contexto en donde, según el mismo informe, “hechos con un elevado número de muertes de civiles se normalizan y toleran al presentarse como enfrentamientos, pese a que las investigaciones sobre los índices de letalidad arrojan datos preocupantes”. De ahí que, paradójicamente, la consecuencia de la imposición de esta racionalidad en las instituciones de seguridad, es la profundización de la vulnerabilidad de la población en general: abatir significa matar. En diferentes documentos, citados en dicho informe, las autoridades castrenses refieren que el saldo de la operación fue de 22 personas abatidas.
Además de estos espacios de suspensión de derechos que incentiva a las fuerzas castrenses a matar, el informe del Centro Prodh documenta un complejo mecanismo de impunidad que produce una justicia a medias. Al mismo tiempo, muestra la falta de políticas públicas adecuadas que garanticen los derechos de las víctimas, y que se terminan convirtiendo en una forma de revictimización.
En medio de este grave escenario, el informe dice algo más: que en este país se puede todavía luchar por la justicia. Que una madre valiente, con el apoyo de una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, y acuerpados por la sociedad civil en su conjunto, pueden, poco a poco, ir ganando terreno a la impunidad. Por eso, en el fondo, el informe es un mensaje de esperanza. Ahora nos toca poner este debate en la agenda pública, llevar las reflexiones que se derivan de este informe a diferentes ámbitos de la vida política y sobre todo, no olvidar.
* Investigadora del área de Derechos Humanos en Fundar, Centro de Análisis e Investigación
