(07 de julio, 2015).- Al parecer el tema de la libertad de expresión es algo no muy bien visto en el gobierno de Moreno Valle, ya que el estado poblano pese a lidiar con la “ley bala” también se le ve involucrado en la contratación de servicios de espionaje.
La administración Moreno Valle junto a los gobiernos del estado de México, Distrito Federal, Durango, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Baja California, amén de la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría del estado de México y el Cisen como clientes de la compañía a la que le habrían sido extraídos más de 400 GB de emails, códigos fuentes y otros datos confidenciales, incluyendo las facturas que muestran los negocios acordados con gobiernos y agencias de seguridad e información de varios países.
Federico Torreblanca Martínez, experto en sistemas de seguridad cibernética, comentó ayer por la noche en entrevista para La Jornada: “Primero que nada hay que esperar a que se confirme el hackeo, porque el vocero de Hacking Team había confirmado el ataque pero iban a revisar qué es lo que se habían robado, pero en el supuesto de que efectivamente se confirmara que los gobiernos estatales de México, que son mencionados en los medios, contrataron los servicios de Hacking Team, pues sí deberá hacerse una investigación, porque la legislación solo autoriza las prácticas de vigilancia, vulgarmente conocidas como espionaje, a la PGR, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Cisen, siempre y cuando haya de por medio una orden judicial, pero los gobiernos estatales, como tales, no están autorizados”.
En septiembre del año pasado el diputado federal priista Enrique Doger Guerrero denunció que el gobernador Rafael Moreno Valle tiene a su servicio un grupo de espionaje que ejecuta asaltos para obtener información e intimidar a personas que son críticas o resultan incómodas para su administración llamado “la banda del “guante blanco”
El ex alcalde poblano identificó a Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos; Joaquín Arenal, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Puebla, y al diputado local Eukid Castañón, del PAN, como parte de este grupo al que llamó “la banda del guante blanco”, y que presuntamente espía a quienes son opositores del gobierno morenovallista.
En noviembre de 2014 el portal Status Puebla dio a conocer que el gobierno de Rafael Moreno Valle adquirió un mes antes “un nuevo equipo de espionaje de origen israelí. El costo neto de la compra ascendió a 14 millones 999 mil pesos. El sistema cuenta con funciones propias de un clonador a través del programa Hunter. La particularidad de este sistema no es solo de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer la información tanto de la SIM como de la memoria interna del móvil (contactos, mensajes y archivos guardados)”, según la fuente.
“(…) La cabeza del trabajo de espionaje está a cargo del diputado local Eukid Castañón Herrera, que pagaría a una veintena de personas ‘vía la Contraloría otorgando plazas de por lo menos 20 mil pesos al personal analista y operativo, triangulando su pago a través de terceras personas para evitar ser detectados’. El personal al servicio del aparato entero al servicio del panista fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD) por sus siglas en hebreo, a través de Joaquín Arenal Romero, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convaleciente de una intervención quirúrgica que lo tiene fuera de circulación”, consignó el columnista.
Recordar que esta administración también es acusada por un estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla de que el alumnado es víctima de espionaje a través de drones.
La pregunta sería ¿por qué gasta tanto la administración morevallista en espionaje?, ¿A qué le temerá el gobernador?, o simplemente ¿lo hará por morbo y voyerismo?
Con información de La Jornada
