(13 de agosto, 2015).- La estigmatización por parte del gobierno hacia mujeres que deciden hacer una interrupción legal del embarazo es denigrante como el caso del Ministerio Público de Pachuca, Hidalgo quien niega en tres ocasiones el derecho a la libre elección del cuerpo propio a Gloria, joven de 16 quien resultara embarazada después de una violación.
Aunque la legislación a nivel nacional contempla la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, sólo seis de las 32 procuradurías estatales emitieron autorizaciones de aborto por esta causa, reportó el Grupo de Información de Reproducción Asistida (GIRE).
En total son 12 las autorizaciones reportadas por autoridades de Baja California, Chihuahua, DF, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, entre agosto de 2012 y diciembre de 2013.
Oaxaca es la entidad con mayor número de autorizaciones, con cuatro, según el informe “Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México”, presentado ayer.
Las niñas y mujeres víctimas de agresión sexual enfrentan muchos obstáculos para interrumpir el embarazo de forma legal, señaló Regina Tamés, directora de GIRE.
“Son niñas que son forzadas a ser madres a pesar de que la legislación nos dice que el aborto por violación es legal en todo el País”, lamentó.
“Nos encontramos en una situación en donde la legislación dice una cosa y en la práctica pasa otra. Las niñas son obligadas a denunciar, a esperar una autorización del MP o de un juez o hay un plazo para esta interrupción”.
Según el informe, aunque los códigos penales de las entidades no establecen explícitamente el requisito de una denuncia para garantizar el acceso al aborto por violación, los procedimientos y lineamientos en 17 estados sí lo hacen.
En tanto, 14 estados establecen que la práctica debe llevarse a cabo durante el primer trimestre de la gestación.
El gobierno estigmatiza y exhibe, tan solo cabe recordar que el pasado 4 de junio la Fiscalía General del Estado de Chihuahua exhibió ante medios locales a dos mujeres que habían sido detenidas, una por haber abortado y la otra por ayudar a practicar el legrado.
Un grupo de activistas señalaron mediante una carta a la fiscalia que haber presentado a ambas mujeres ante los medios de comunicación sin que hayan pasado por un juicio violó su derecho al debido proceso y a las garantías de la presunción de inocencia, la vida privada, la intimidad, la reputación de las personas detenidas y la honra.
Además, para que las niñas y adolescentes puedan acceder a esa práctica, sin que esté contemplado en la ley, se les solicita la autorización de un adulto (madre, padre o tutor), lo que las orilla a buscar y exponerse a servicios inseguros de aborto, sin acompañamiento.
Todo esto sucede a pesar de que en 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, que establece la obligación de las autoridades de salud de proporcionar los servicios del ILE como una medida de atención médica de urgencia para las víctimas de violación sexual, sin requisito alguno, según el informe.
