(18 de agosto, 2015).- Familiares de Julio César Mondragón –normalista asesinado en los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero- el Colectivo “El Rostro de Julio”, la organización Aluna Acompañamiento Psicosocial y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, emitieron un comunicado conjunto en el que exigen a las autoridades mexicanas una nueva autopsia al cuerpo de Julio César, por las múltiples omisiones e inconsistencias en la averiguación de su muerte, que por cierto la Procuraduría General de la República se negó a atraer.
El comunicado refiere que tras una larga diligencia para acceder al expediente de su familiar, encontraron diversas inconsistencias en el levantamiento del cadáver y posterior necropsia, que cabe resaltar, según las autoridades, arrojó que producto de fauna en el lugar, éste fue desollado.
“Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones”, mencionan los firmantes, quienes aseguran que las autoridades “omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”, tal como lo informó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), quienes adelantaron sobre la petición de una nueva autopsia al cuerpo de Julio César.
Los firmantes no dejan de señalar su desconfianza a las autoridades estatales y federales tras las múltiples fallas, reiteradamente señaladas por la comunidad académica y especializada, sobre la investigación en general de las desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esta forma, solicitaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que ya había ayudado a los familiares de las víctimas anteriormente, y quienes ya habían expuesto los fallos en la recolección de evidencia por parte de la PGR- ayudar en la nueva autopsia para obtener información de su confianza. Asimismo, exigen a las autoridades mexicanas permitir, sin obstáculo alguno, el trabajo profesional del EAAF y del GIEI, salvaguardando, principalmente, la cadena de custodia del material extraído e impedir la contaminación de las muestras.
“No es menor ni gratuita la desconfianza que tenemos hacia las procuradurías locales y la propia PGR”, aseguran los familiares de Julio César.
