(19 de agosto, 2015); El 4 de julio de 2010, fue una fiesta democrática para los habitantes de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, representaba la esperanza de un cambio en un estado con una administración saliente (encabezada por el priísta Mario Marín) acusada de diversas irregularidades. La llamada Alianza por Puebla, conformada por PAN, PRD, Convergencia y PANAL significaba a los poblanos un avance democrático, por ello, más de la mitad de los votantes sufragó a su favor llevando a Moreno Valle a encabezar el gobierno del estado.
Sin embargo, poco a poco se han ido diluyendo las esperanzas de la población, con Moreno Valle “se instauró una política restrictiva del espacio público, e incluso se legisló en favor del uso desmedido de la fuerza durante las protestas sociales, tolerando y promoviendo el aumento de las agresiones contra la prensa,1 con la intención de inhibir el flujo de información plural y en tiempo real”, acusa la organización Article 19 en su informe “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”.
En su informe, Article 19, “subraya el deber de las entidades del gobierno local para limitar la política de opacidad, endurecida en los últimos años mediante prácticas que limitan el potencial democrático del ejercicio del derecho de acceso a la información”.
El documento, sirve para “visibilizar y documentar, en la voz de diferentes expertas y expertos, la visión de quienes encuentran límites y prácticas violatorias y hostiles desde la perspectiva de quienes soportan el peso de un estado que censura y castiga para logar la imposición de un control general”, afirma el organismo.
Si bien, en apariencia de dio un avance en la legislación estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública con la aprobación que realizó de la ley al respecto el congreso del estado el 19 de diciembre de 2011, la realidad es que desde entonces se han encontrado candados al pleno ejercicio del mismo.
Uno de ellos, el alto costo en las copias de los documentos presupuestarios y fiscales que son solicitados. En ese sentido, indica el texto, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 73 y 76 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2011 que promovió la Procuraduría General de la República (PGR) a petición del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora INAI) y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP)”, con lo que se derogó el costo de 80 pesos que existía por copia certificada de la reproducción del gasto público.
Por otro lado, se limita el derecho de revisión al exigir que se ratifique la demanda de revisión ya sea de manera personal o mediante un “escrito libre” pues de no hacerlo se considerará como inexistente el proceso.
El segundo párrafo del artículo 77 de la ley, textualmente dice: “Para el caso de interponer el recurso por medios electrónicos, será necesaria la ratificación del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición. Si el domicilio se encuentra dentro del lugar de residencia de la Comisión deberá hacerlo de forma personal; en caso de que éste tenga su residencia en otra localidad deberá remitir escrito libre firmado, donde manifieste la voluntad de interponerlo, en términos de lo que establezca el Reglamento de esta ley”, es evidente que esta obligatoriedad dificulta el seguimiento de los casos. Cabe destacar que no existe este requisito en ninguna otra legislación.
Con este requisito, se ha dado un incremento en el caso de casos resueltos, dando por no interpuestos un 13 por ciento del total de las solicitudes presentadas en 2012, un 18 por ciento en 2013, un 25 por ciento en 2014 y durante el transcurso de este 2015 se ha elevado al 35 por ciento el número de casos que se tuvieron por no interpuestos por falta de ratificación.
Aunado a ello, el informe presentado por Article 19, denuncia una evidente discriminación en el acceso a la información que reciben los miembros de la prensa.
Al respecto, el director de Con los Ojos Abiertos, Cuauhtémoc Cruz, relata como a principios de semestre, al reclutar estudiantes para que aprendan a trabajar con la ley de transparencia, “las respuestas que reciben los alumnos son rápidas y, en muchos casos, no sobrepasan el plazo legal (10 días hábiles). Sin embargo, conforme avanza el semestre y las respuestas se publican en el Observatorio, la rapidez se esfuma y se abre paso al tortuoso camino que desde el periodismo se transita para arrancar un documento a los funcionarios de gobierno de Puebla”.
Por su parte, Shanik David del portal Status, realizó “dos solicitudes de información similares, una a su nombre y la otra a nombre de un usuario desconocido. La respuesta fue idéntica en ambos casos, sin embargo, la del usuario desconocido fue remitida en los primeros días del plazo y la suya se extendió hasta su vencimiento”.
Otra problemática denunciada es el cambio de modalidad en la entrega de la documentación lo que implica que aquellas solicitudes realizadas por el sistema INFOMEX, así como las que piden la información por medios electrónicos o digitales, reciben como respuesta la consulta directa. “Tú pides en formato digital, muchas veces para darle velocidad al proceso no pido el documento, sino la información; un monto, un número, al fin proviene de un documento oficial, y así evito que me respondan que no tienen el documento en digital, y la respuesta invariablemente es el cambio de modalidad”, añade Shanik en el documento.
Se denuncia además el artículo 47 del reglamento de Ley que sirve como otro impedimento para acceder a la información al obligar al solicitante a agendar una cita cuando se establezca la entrega de información como consulta directa.
El informe relata la destrucción y ocultamiento de información que realiza sistemáticamente el gobierno de Moreno Valle, a pesar de ser “una falta muy grave que amerita sanciones e incluso penas”.
Se detalla el caso de la solicitud del contrato que el gobierno del estado firmó con la empresa Publicidad Virtual SA de CV para que se presentara propaganda durante los partidos de fútbol. Pese a estar a la vista durante el encuentro entre Xolos y América del pasado 10 de enero de 2014, el apellido del gobernador acompañado de la leyenda “transformando a puebla”, las dependencias encargadas de la contratación de la publicidad dicen que los contratos desaparecieron de los archivos por lo que no se puede acceder a ellos.
El mismo caso se presenta en la solicitud que el portal Lado B realizó con respecto a la publicidad que la administración morenovallista realizó de publicidad en cines, se indica en el texto.
Además de documentar todos los candados que utiliza la actual administración de puebla para evitar se acceda a documentación oficial, el informe de Article 19, denuncia que la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP) se ha visto cooptado por el poder estatal, lo mismo en el sexenio de Mario Marín que en la administración de Rafael Moreno Valle, el control no había llegado a los niveles que se tienen registrados desde el comienzo de 2015, cuando el Congreso del estado dominado por el grupo del gobernador eligió a Gabriela Sierra Palacios, funcionaria de la Auditoria Superior del Estado, como integrante de la CAIP”.
