(25 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El asesinato de cinco de sus simpatizantes, uno encarcelado y uno más desaparecido, es el saldo del embate que en los últimos dos años el Partido Comunista de México (PCM) –con presencia en estados como Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y el Valle de México- ha tenido que soportar sin que hasta la fecha las autoridades federales o estatales informen de los avances que, en teoría, tendrían que haber comenzado luego de levantarse las denuncias correspondientes.
Sin embargo, lo más grave es que, de acuerdo a un análisis sobre el contexto en que vive la población mexicana, dos integrantes del Comité Regional del PCM en el Valle de México coinciden en vaticinar que la agresión, intimidación, amenazas y golpeteo físico y político en contra de organizaciones de la sociedad civil y en contra de movimientos que poco a poco han alzado la voz para defender sus recursos, exigir justicia y promover un cambio sustancial de la realidad mexicana, puede ser peor.
Los asesinatos
Juan Barrera, secretario político del Comité Regional en el Valle de México narró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que en agosto de 2013, Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM en Guerrero; Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional de la misma entidad y Miguel N –los tres se desempeñaban también como dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ)- fueron “levantados” en Coyuca de Benítez luego de una reunión con la Comisión Política Nacional del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), a la que asistieron en Cuernavaca, Morelos.
El cinco de agosto, dos días después de su “desaparición”, sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala y huellas de tortura, a la orilla del río de Coyuca; en las inmediaciones se encontró calcinado el auto Tsuru, color blanco, rotulado con la insignia de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (Cetig), en el que viajaban.
Lo último que supieron de ellos fue que pasaron a dejar a su domicilio, ubicado en el mismo municipio, a Tomasa Vázquez Juárez. La preocupación comenzó a surgir luego de que las tres personas no llegaran a una reunión con campesinos de la LARSEZ, el cuatro de agosto en Chilpancingo.
En esa ocasión, el Partido Comunista de México, a través de su Buró Político, responsabilizó al gobierno de Peña Nieto, al del entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero –expriista, pero quien arribó a la gubernatura de la entidad de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y luego renunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa- y al entonces presidente municipal Ramiro Ávila Morales, del asesinato de sus compañeros a través de “un grupo paramilitar que opera en la Costa Grande de Guerrero con total impunidad y protección del gobierno estatal y federal”.
Meses antes, otros dos simpatizantes del Partido Comunista de México corrieron con la misma suerte.
Desaparecido y encarcelado
El pasado 18 de julio, en el fronterizo estado de Tamaulipas, Enrique López, militante del PCM fue sacado de su domicilio por un grupo fuertemente armado y aunque su familia denunció el hecho ante autoridades del estado, hasta hoy permanece en calidad de desaparecido. Semanas antes de su desaparición López informó que había recibido amenazas por parte de empresas en las que trabajaban decenas de obreros que comenzaban a organizarse para exigir respeto a sus derechos laborales; sin embargo, también dejó claro que no cejaría en su lucha.
“El camarada movilizaba a cerca de mil trabajadores de la construcción, 700 trabajadores varios y 600 locatarios que estaban luchando en contra de una empresa constructora, porque su mercado iba a ser demolido para construir una plaza comercial”, detalló Jorge Méndez, miembro del Comité Regional del PCM en el Valle de México, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
El último embate se dio la semana pasada tras la detención arbitraria de Guillermo Bonilla, sindicalista, dirigente de la Federación de Trabajadores Independientes y miembro del Comité Central del Partido Comunista de México.
“Hace dos años fue acusado de fraude por una jugarreta que le hicieron en el Ministerio Público, en contubernio con otras personas que lo consideran su enemigo y fue procesado. Meses después fue liberado tras el pago de una fianza y siguió su proceso en libertad, pero fue detenido hace una semana porque defendía a una trabajadora despedida a quien no querían pagarle su liquidación, pero le pusieron un “cuatro”, le dijeron que sí le iba a pagar, los citaron en las oficinas ubicadas cerca de Pino Suárez, y en cuanto les dieron el dinero de la liquidación, los acusaron de extorsión. Lo detuvieron de manera arbitraria, dada la absurda acusación el compañero fue absuelto de ese cargo, pero se reabrió el proceso anterior, lo señalaron como reincidente, a pesar de que ya había sido absuelto”, sostuvo Méndez.
Actualmente, Bonilla se encuentra preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Política, actividad de alto riesgo
Méndez afirmó que el asesinato de sus compañeros, así como la desaparición de López y la detención de Bonilla, no fueron cometidos por la delincuencia común o a consecuencia de actos ilegales en los que pudieran haber incurrido, sino que se vinculan directamente a su actividad política.
“Los cinco camaradas que fueron asesinados en Guerrero, fueron amenazados por sus actividades políticas. Ellos informaron al partido que estaban siendo amenazados de muerte…esta ofensiva se da de manera más evidente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ya veíamos que se estaba dando desde antes, con el asesinato de los camaradas; hay un contexto de represión general”, detalló Méndez y agregó que la organización se encuentra preocupada por la seguridad del resto de sus miembros y simpatizantes.
Barrera argumenta que “el gobierno está golpeando a las organizaciones sociales, sabemos que somos una piedra en el zapato porque luchamos por reivindicaciones reales de los trabajadores…el gobierno ve al movimiento social como a los luchadores, como un estorbo a sus intereses”.
A pesar de que desde 2013 ha habido acercamientos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia a la que informaron sobre el asesinato de sus compañeros, no ha habido grandes avances. La comisión, presidida por Luis Raúl González Pérez, también tiene conocimiento de la desaparición de López; sin embargo, no se ha pronunciado al respecto.
Sobre la detención de Guillermo, Méndez narró que se presentaron varias quejas ante Derechos Humanos porque hubo una flagrante violación de sus derechos; su detención fue arbitraria y tanto el Ministerio Público como el abogado de oficio, negaron información y datos sobre su situación a sus familiares.
“El compañero iba mal, tenía una hernia. En la detención lo golpearon y durante las revisiones del médico legista, en el MP, no se hizo ninguna referencia a eso; sin embargo, una vez que lo trasladaron al reclusorio Norte, el médico pidió que fuera operado de urgencia ya que el problema de la hernia se agravó porque fue golpeado. Fue operado el sábado y permanece en condición de indiciado”, detalló Méndez.
“Hemos visto el grado de impunidad en el caso de nuestros compañeros y de los de otras organizaciones, no hay garantías de seguridad. El partido cree que la represión va a ser todavía más dura conforme avance la crisis y respondan los sectores populares: los trabajadores. Nosotros seguimos al pendiente, muchos de nuestros militantes siguen estando en riesgo y no es sólo por una llamada o un correo electrónico amenazante, es su vida la que está en peligro porque han sido amenazados de muerte en reiteradas veces”, agregó Jorge Méndez.
Las amenazas más preocupantes para el Partido Comunista de México se han registrado en contra de simpatizantes de Oaxaca y Guerrero, considerados focos rojos para la organización, por el disgusto que se mantiene entre las organizaciones sociales, por el actuar de las administraciones locales.
