(06 de septiembre, 2015).- De acuerdo a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), en lo que va del año se han iniciado 264 averiguaciones previas, se ejerció acción penal en 143 casos y se detuvo a 40 probables responsables; sin embargo, 28 de los detenidos ya han quedado libres bajo fianza, lo que ejemplifica el alto índice que impunidad que priva en la materia.
En lo que va de la actual administración, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha interpuesto 93 denuncias, pero únicamente n 38 casos se ha ejercido acción penal; 33 más se encuentran en proceso de “consulta jurídica o reservadas”, en espera de contar con más elementos y en 22 más, la averiguación previa continúa abierta.
Entre los temas que son investigados se encuentran las denuncias contra la mina Buenavista del Cofre, filial de Grupo México, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como el proyecto Dragon Mart, que pretende desarrollarse en Quintana Roo y que ambientalistas han denunciado, afecta los manglares existentes en la zona, por lo que la PGR mantiene asegurado el predio.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, se iniciaron 487 averiguaciones previas por delitos ambientales y se ejerció acción penal en 166 casos; sin embargo, únicamente en 59 hubo algún detenido.
El titular de la Unidad Especializada, Víctor Manuel Fayad, señaló que la disparidad de criterios entre los jueces, es uno de los principales obstáculos que enfrenta la PGR para consignar las averiguaciones por los delitos ambientales.
“No tenemos jueces federales especializados en delitos ambientales y la diversidad de criterios hace que nuestros expedientes no lleguen a buen puerto. En un Estado consignamos un expediente, y el juez nos libera la orden de aprehensión, y en otro Estado, con un expediente idéntico, el juez nos la niega”, argumentó Fayad.
Aunado a esto, el funcionario público reconoció que la Unidad Especializada carece de personal para realizar las investigaciones, pues actualmente dispone únicamente de 11 agentes del Ministerio Público.
