(15 de Septiembre, 2015).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó discutir nuevamente el tema de la evaluación educativa y diversas impugnaciones que hizo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la Ley General de Servicio Profesional Docente, por lo que Enrique Peña Nieto le ganó al magisterio en la máxima instancia judicial del país.
La presidencia de la Corte determinó que los amparos promovidos por los maestros no contenían novedades sobre temas jurídicos, por lo que desechó las inconformidades que previamente había realizado entre junio y julio.
El máximo tribunal del país regresará las inconformidades a organismos colegiales menores para abordar temas relacionados con la Jurisprudencia de la Corte.
El pasado 22 de junio, cuando el pleno de la Corte se disponía a iniciar la discusión de los primeros amparos, el líder de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, Rubén Núñez, pidió a los ministros atraer nueve recursos de revisión que estaban en dos tribunales colegiados de circuito de Puebla.
De acuerdo con la CNTE, los recursos permitirían un mejor estudio de los reclamos de los maestros sobre la evaluación a los docentes, pues en las sentencias pasadas la Corte no explicó la violación al derecho de la igualdad jurídica.
El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, determinó que los 11 argumentos de inconstitucionalidad contenidos en los amparos ya fueron resueltos y consideró que no es necesario estudiar el tema de igualdad jurídica.
“No todo tratamiento jurídico diferenciado es violatorio del principio de igualdad, sino cuando carece de una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, estándares que fueron aplicados por este alto tribunal en el análisis de la violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo” sentenció el magistrado del Poder Judicial.
Asimismo, la SCJN discutirá siete controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal para impugnar diversos aspectos de leyes educativas estatales, así como la omisión del estado de Oaxaca con relación a la reforma educativa desde hace dos años.
