Los llamados a la unidad nacional han sido recurrentes desde hace décadas, a partir de que el modelo económico favoreció la desigualdad, el principal caldo de cultivo de la polarización social en el país. No han tenido ningún efecto porque se trata de una retórica vacía, como lo es el triunfalismo como divisa del grupo en el poder. Es igual a esperar que se unan el agua y el aceite, fenómeno imposible de realizarse porque los componentes de ambos elementos son contrapuestos. En el entorno socioeconómico actual de México, es impensable la unidad nacional porque no hay mínimas condiciones.
Enrique Peña Nieto podrá firmar un decreto con la finalidad de que se unan los millones de desempleados y marginados con la cúpula oligárquica, pero en los hechos es un absurdo esperar que tal despropósito llegara a ocurrir. Lo que ha estado sucediendo es precisamente lo contrario, porque las políticas públicas del régimen están orientadas a fomentar la división de clases, a extremos decimonónicos. De ahí que sea fácil advertir el fracaso del acuerdo que firmaron los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la recién estrenada en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.
Afirmó Osorio Chong que para reducir la delincuencia es necesaria la colaboración entre gobierno y sociedad. Esta necesaria colaboración podrá darse, de manera natural, cuando exista un régimen democrático en México, del que al paso de los años nos hemos estado alejando más y más. En la actualidad, nuestro país está entre los tres más desiguales de América Latina, aunque en nuestro caso no se justifica dicho fenómeno porque abundan recursos naturales en un territorio muy amplio, no como sucede en Honduras y en Haití.
Dice el secretario de Gobernación que es necesario el trabajo con la sociedad “para cerrar las puertas a la delincuencia y abrir paso a la tranquilidad”. Pero se olvida que casi treinta millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. Y para colmo, los recortes presupuestales el año 2016 agravarán aún más esta lamentable realidad nacional. Por ejemplo, el programa para prevenir el delito se reducirá 20 por ciento. Aunque dichas las cosas con objetividad, abatir la delincuencia no es una cuestión de más gasto público, sino de políticas públicas que abran las puertas de la justicia social, las cuales están firmemente cerradas desde 1983.
¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en la ejecución eficaz y honesta de los recursos destinados a la prevención del delito, cuando al frente de la subsecretaría del ramo fue colocado el ex dirigente del Partido Verde Arturo Escobar? Y como el propio titular de Gobernación reconoce, las estrategias de prevención del delito “resultan más efectivas cuando tienen el respaldo social”. Con todo, esta premisa no tiene la menor importancia porque a la burocracia dorada le importa un bledo el “respaldo social”. Actúa de conformidad con los intereses de la élite oligárquica, lo demás sale sobrando.
Al igual que en los tiempos aciagos de la docena trágica del PAN en Los Pinos, cuando Vicente Fox y Felipe Calderón entregaron en concesión a empresas mineras, la mayoría extranjeras, cerca de 10 millones de hectáreas, Enrique Peña Nieto sigue con igual o peor entreguismo, que no se ha consumado por la estrepitosa caída de los precios del petróleo. ¿Cómo esperar que los mexicanos aplaudan sin más tal modo de desunir al país? Le apuestan al masoquismo de las clases mayoritarias, a quienes han acostumbrado a sobrevivir al día. Sin embargo, todo tiene un límite y este parece estar llegando, porque los jóvenes tienen aspiraciones que nacen de su contacto con las redes sociales y del contraste que observan en la cúspide de la pirámide social.
Esto no es obstáculo para que Peña Nieto siga con su desenfrenado y absurdo optimismo. Afirmó apenas que mientras en el mundo hay un clima de volatilidad, confusión e incertidumbre, “acá hay confianza porque somos consistentes y congruentes con lo que hacemos, porque actuamos con responsabilidad”. Hace tan descabellada afirmación a pesar de la enorme corrupción que priva en las altas esferas del gobierno, en sus tres niveles; de la gravísima impunidad que caracteriza al actual sexenio y del cinismo del que hacen gala. ¿Colaboración en tal contexto entre gobierno y sociedad? Se trata de una nueva utopía.
