La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes una vista de observación a nuestro país, con el fin de revisar la situación de las garantías fundamentales en México. No es la primera ni será la última, lo que si es seguro es que no servirá de nada el trabajo que lleven a cabo siete integrantes de este organismo , a quienes encabezará nada menos que la presidenta, Rose Marie Belle Antoine. Permanecerán aquí hasta el viernes 2 de octubre, lapso en el que harán un recorrido por los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además del Distrito Federal.
Con ser un avance institucional la existencia de organismos como la CIDH, la realidad es que no pueden influir en el cambio de políticas públicas de un Estado que viola sistemáticamente las garantías individuales. Pueden hacer recomendaciones fundadas en la realidad objetiva, asimismo hacer críticas con argumentos irreprochables, pero en un país como el nuestro, “gobernado” por una camarilla sin ningún compromiso concreto con la sociedad nacional, tales recomendaciones y críticas equivalen a retórica vacía.
Es de sobra conocido que México es en la actualidad el país donde más violaciones se cometen de manera cotidiana al Estado de derecho. Aun así, la burocracia dorada ni suda ni se acongoja por ello, mucho menos se avergüenza de la trascendencia de semejante realidad. No hay un asomo de autocrítica, sino autocomplacencia y total ocultamiento de las circunstancias adversas que se viven en buena parte del territorio nacional, derivadas las más de ellas por un sistema económico, político y social profundamente injusto.
Podría decirse que la única diferencia con el Porfiriato, en cuanto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población más desprotegida, es que ahora los medios de comunicación difunden hechos que en la dictadura permanecían ocultos, no porque quieran actuar así, sino porque se ven obligados a hacer algunas referencias para no quedar como un instrumento obsoleto ante las redes sociales. Sin embargo, es un hecho que se desconocen la mayoría de casos deleznables en que se ven involucradas autoridades, como así ha sucedido con los hallazgos de osamentas en cementerios clandestinos.
Con todo, las violaciones a las garantías individuales en nuestro país parten de una realidad incuestionable: la ausencia de un sistema democrático que incluso abandonó su cariz representativo. En el régimen de la Revolución Mexicana, el Estado se preocupó por darle ese rasgo bajo el corporativismo, pero en la actualidad hasta eso dejó de existir y las clases trabajadoras se quedaron sin ninguna protección, aunque fuera de carácter político, y orientada a mantener un estado de cosas funcional para el grupo en el poder. Hoy no hay razón para preocuparse por la reacción de las masas, pues su fuerza se diluyó al desorganizarlas y presionarlas por medio de los salarios a la baja.
Este punto es fundamental en lo que se refiere a una violación sistemática de una garantía social que debiera ser ineludible: salarios remuneradores tal como lo ordena la Constitución. En la actualidad, México es el país latinoamericano donde el poder adquisitivo de los trabajadores desciende cada año en vez de mejorar. ¿Qué han podido hacer los organismos internacionales para frenar esta situación aberrante? Por más recomendaciones que han hecho, por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se cambie este esquema salarial injusto, los hechos demuestran que no son escuchados.
Mientras no haya verdadera democracia en México, las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos irán de mal en peor. Esta es una verdad incontrovertible, como lo demuestra la marcha del país a partir de que la tecnocracia se hizo del poder en 1983. El neoporfirismo se instauró para quedarse, si la sociedad mayoritaria es incapaz de organizarse para remontar esta realidad adversa. El problema de fondo a vencer son las inercias negativas de los asalariados y marginados, quienes se han acostumbrado a un masoquismo social que es el mejor aliado del sistema al servicio de la oligarquía.
Esto se aprecia sobre todo en tiempos electorales, cuando la población empobrecida vende su voto por despensas podridas y todavía lo agradece. De ahí la importancia de crear conciencia entre la gente de que tal actitud está generando condiciones para que las nuevas generaciones carezcan de una vida digna.
