Por: Carlos Bauer
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Foto: Moisés Quintana/desinformemonos.org
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña Y Costa Chica de Guerrero (CRAC) emitió un comunicado denunciando un decreto de Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Según la CRAC, dicho decreto ignora la ley 701 promulgada en abril de 2011, en la cual se reconocía “la existencia del sistema de justicia indígena y de la CRAC para todos los efectos a que haya lugar”.
La CRAC se constituyó en 1998 como complemento y evolución lógica de la Policía Comunitaria que desde 1995 fue la alternativa que los pueblos encontraron para darse seguridad ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades con el crimen. En sus casi dos décadas de existencia nunca han dejado de enfrentar el acoso y las amenazas de los distintos niveles de gobierno y recientemente incluso tuvieron que enfrentarse a la emergencia de nuevos grupos de autodefensa que se nuclearon en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sorpresivamente tomaron instalaciones de la CRAC.
Aunque la CRAC y la UPOEG ya alcanzaron acuerdos de entendimiento para evitar agresiones entre ellas, no deja de contribuir al enrarecimiento del ambiente político la emisión en estos momentos de un decreto que limita y somete a las autoridades estatales las funciones de una organización intrínsecamente autónoma.
Por tanto, en este comunicado, titulado “Pronunciamiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria, ante el anuncio del decreto gubernamental para regular y reducir su sistema de justicia CRAC-PC”, la Policía Comunitaria rechaza la agresión contra su autonomía y defiende su derecho a la autodeterminación y el respeto a las comunidades y los recursos naturales: “Rechazamos absolutamente, en todas y cada una de sus partes, el decreto del gobernador para reglamentar a nuestra Policía Comunitaria. Reclamamos el respeto a nuestro Reglamento Interno y exigimos la plena validez y vigencia de la ley 701. Asimismo y tomando en cuenta el interés que el gobierno del estado y federal han manifestado por el desarrollo de nuestras comunidades y pueblos, nos manifestamos dispuestos a dialogar de manera responsable para elaborar verdaderos planes de desarrollo de nuestras regiones con la participación de nuestra población y sus instancias de decisión y consulta. El desarrollo que nosotros queremos implica el respeto a nuestra cosmovisión y en esta va implícito el respeto a nuestra cultura y recursos naturales, por lo que el desarrollo que queremos implica la cancelación de los proyectos mineros en nuestro territorio comunitario y en el resto del estado y del país. Exigimos la cancelación de las concesiones para la explotación minera y el saqueo de nuestros recursos minerales y naturales”.
