(12 de Octubre, 2015).- Organizaciones civiles acusarán a los gobiernos de Jalisco y Colima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a las garantías de 33 nahuas detenidos el 22 de julio cuando reclamaban a la minera Peña Colorada mayores dividendos por la renta de sus tierras.
La Unión de Pueblos de Manantlán, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, el Instituto de Derecho Ambiental, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, cuestionaron: “¿Cómo puede perdonar a los ejidatarios quien los agredió el 22 de julio? ¿No es acaso Peña Colorada la que estaría obligada moral y jurídicamente a disculparse por su alevosía, premeditación y ventaja, al disponer de una operación represiva con entre 80 y 100 elementos armados para agredirlos luego de las ‘negociaciones’?”
Los inconformes criticaron el perdón que otorgó el gobierno de Colima a la minera y recordaron que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una controversia constitucional de límites entre Jalisco y Colima (3/98) a favor de los nahuas, que reclaman su territorio, ambos han sido olvidados por las autoridades, sobre todo jaliscienses.
“Han pasado 20 años desde que Colima y Jalisco se comprometieron a cumplir la histórica recomendación de la CNDH y a la fecha toleran discrecionalmente actos delictivos, discriminatorios e injustos contra el ejido y la comunidad indígena de Ayotitlán, con la imposición de la minería de tajo (a cielo abierto), en medio de la impunidad y la indefinición territorial” detallaron en un documento especial.
César Díaz Galván, delegado de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, y a Gaudencio Mancilla Roblada, vocero del consejo de Mayores de Ayotitlán fueron acusados de abonar a la división de los ejidatarios a prestarle el juego a los Cacicazgos en Colima.
