Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, no hace más que aludir lo que ya dice la Constitución Mexicana desde febrero de 2013; no hay en su discurso repetitivo nada nuevo que no sea público, que no haya dicho sin ningún éxito su antecesor Emilio Chuayffet, ni que no sepan los docentes de todo el país que han estado desobedeciendo la legislación actual y las disposiciones de la Reforma Educativa, a sabiendas de lo que implica no acatar la constitución, pero también las posibilidades de su organización cotidiana y diversas movilizaciones masivas para frenar la evaluación.
Efectivamente, el Artículo 74º de la Ley General del Servicio Profesional Docente dice que “dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento”, es decir, de docente, director o supervisor, a quien incumpla con las obligaciones establecidas en el Artículo 69º de la misma ley, el cual establece en su párrafo I como obligaciones “Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de Ingreso, Promoción, Permanencia, y en su caso, Reconocimiento”; no obstante, dichas implicaciones han sido hasta hoy, letra muerta.
Ejemplo de lo anterior es que un número muy considerable de los 150 mil profesores y profesoras del país que fueron seleccionados para la primera evaluación de la permanencia, cuyas cifras son deliberadamente ocultadas por las autoridades educativas, decidieron no participar en las primeras dos de cuatro etapas de “los procesos establecidos para las evaluaciones” a las que se refieren en el Artículo 69º como parte de sus obligaciones.
Estos miles de docentes que ni siquiera accedieron a notificarse por cualquier medio, ya sea la entrega de sobre físico o por correo electrónico, tampoco recibieron el Informe de Responsabilidades Profesionales que les debió entregar su director o supervisor, y que corresponde a la primera etapa de la evaluación.
El segundo momento del proceso evaluativo tiene que ver con subir a la plataforma virtual el Expediente de Evidencias de Enseñanza, mismo que ya ha sido aplazado por varias ocasiones a falta de una respuesta suficiente de los trabajadores de la educación, aunque la autoridad educativa argumente fallas técnicas y poco tiempo para cumplir con los calendarios establecidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
El escenario previsible para la aplicación en la tercera fase del proceso evaluación para la permanencia, es decir, la aplicación de calendario de evaluaciones en mes de noviembre, ya está a la vista, seguramente será un rotundo fracaso. Frente esta amenaza, la SEP organiza eventos mediáticos con las desgastadas cúpulas del SNTE y las élites económicas como el Consejo Coordinador Empresarial para justificar un mínimo de legitimidad, aunque sea entre los viejos personajes sindicales que respaldaron la corrupción de Elba Esther Gordillo y los nuevos herederos de las privatizaciones y prebendas que han sido pactadas por 33 años de neoliberalismo a un puñado de magnates.
La verdadera “evidencia” que podemos considerar en este momento de la Reforma Educativa, es que no cuenta con el consenso de los docentes mexicanos; que son más aquellos quienes se oponen y hacen inviable en los hechos la evaluación en cualquiera de sus fases y modalidades, que los que llevan a cabo el proceso, unas veces por coerción oficial y temor a la represión administrativa y muy pocas por estar de acuerdo con ella.
El 12 de octubre, ha sido una muestra más de los desafíos y desacatos de los maestros de la CNTE, así como de diversas organizaciones magisteriales independientes que a través de paros de labores en las escuelas y de oficinas administrativas; bloqueos carreteros, de vías férreas y puertos marítimos; así como marchas y mítines en 28 estados de la República, muestran su rechazo a cualquier imposición, aún si se acompaña de fatalismos y amenazas por parte de la SEP.
Queda claro, que no serán las amenazas de despido y descuentos salariales de Aurelio Nuño las que frenen las suspensiones y desacatos constitucionales, sino la elaboración de una nueva constitución que equilibre el respeto al trabajo digno de los maestros y garantice el verdadero derecho humano a la educación, pensando en el desarrollo equitativo y solidario de todos los mexicanos, en el desenvolvimiento de un proyecto educativo que priorice la vida, la igualdad económica y la diversidad social, que tome en cuenta las muchas voces y necesidades que han sido intencionalmente acalladas por un pequeño grupo de empresarios privilegiados por la corrupción de nuestro sistema político.
