(13 de octubre, 2015).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso crear la figura de “ciudadano informante”, una especie de testigo protegido para denunciar actos de corrupción en el ámbito público y privado, resaltó la necesidad de contar con un sistema de sanciones administrativas y penales, pero no pensadas como un régimen para desquitarse, sino para inhibir actos de corrupción.
Mientras que el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, consideró que el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia es uno de los mayores desafíos políticos, sociales y legislativos de la historia reciente de México.
Un testigo protegido es una figura que permite a una persona mantener oculta su verdadera identidad con el fin de presentar su testimonio sobre crímenes y presuntos delincuentes en juicio sin miedo a ser víctimas de represalias. A los protegidos se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención por el tiempo que dure el proceso.
Se trata de “la figura de informante, sea funcionario público o no, que por estar en contacto directo con la gestión tiene información de conductas corruptas y decide compartirlas de manera anónima con las autoridades”, abundó Portal.
El titular de la ASF definió que los funcionarios comprometidos con el combate a la corrupción deben considerar para sí “la adopción, el mantenimiento y el resguardo de una política de integridad que sirva de referencia a los integrantes de una institución; el abandono definitivo de la concepción de que el servicio público es una alternativa para el enriquecimiento personal”.
Portal fue uno de los oradores de la conferencia Hablemos de Corrupción, donde se recordó que aun cuando una de las primeras reformas estructurales aprobadas por la LXII Legislatura fue la relativa al combate a la corrupción, todavía falta por aprobar las leyes reglamentarias.
Durante el foro María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, indicó que si la Reforma Constitucional Anticorrupción no deriva en la construcción de políticas públicas certeras para frenar este problema, las denuncias en la materia quedarán sólo como un lamento.
“Faltan las leyes, pero, sobre todo, faltan las políticas públicas. Y si a la hora de pensar las leyes no diseñamos las políticas públicas y no las fondeamos, una vez vamos a reforzar la vieja leyenda colonialista: acátese, pero no se cumpla, y eso debilita el Estado de derecho y eso propicia la ilegalidad”, dijo la articulista de Excélsior.
En tal sentido, María Amparo Casar, directora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que los actos de corrupción en México representan anualmente 890 mil millones de pesos; es decir, 200 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero afectan sobre todo a los ciudadanos de escasos recursos.
“El 14 por ciento del ingreso promedio de los hogares al año se destina a pagos que nosotros llamamos eufemísticamente pagos extraoficiales, a mordidas, a corrupción.
“Esto quiere decir, lisa y llanamente, que la corrupción es un impuesto regresivo para la sociedad que acarrea males, en vez de bienestar, cada acto de lo que llamamos la pequeña corrupción cuesta 165 pesos”, indicó la también articulista de Excélsior.
