(23 de octubre, 2015).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que han estado en desacuerdo con el gobierno desde que se planeó la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ahora piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención y protección ante el proyecto del gobierno mexicano al que acusan de tener nexos con empresas que calificaron la viavidad de la construcción en ese terreno.
En julio de este año, Revolución TRESPUNTOCERO publicó que Ricardo Lagunes, abogado que lleva el caso, señaló que el despacho denominado “Especialistas Ambientales S.A. de C.V.”, fue el encargado de hacer la propuesta del manifiesto de impacto ambiental a la Semarnat, mismo que fue presentado y posteriormente aprobado por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia.
El FPDT se percató de la relación entre el funcionario público y la consultoría a finales de 2014, mientras analizaba el documento aprobado por la Semarnat, elementos que según el litigante, podrían dar margen para interponer acciones legales en contra de Lacy y solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones que el caso amerite y aplicar las debidas sanciones a la empresa que además, ha elaborado otros manifiestos de impacto ambiental; por ejemplo, para Eólicas del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, también, con un cúmulo de irregularidades.
Quince de los pueblos afectados en la zona piden al organismo internacional medidas cautelares ante la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del ex lago de Texcoco.
Dijeron también que en un principio un juez rechazó la demanda de amparo, y en marzo de este año un tribunal colegiado revocó el desechamiento y ordenó la admisión de la demanda.
Así bien el l juez noveno de distrito negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos, así como los efectos de esos actos que están dirigidos a la construcción del megaproyecto. “Las negativas de la suspensión las impugnamos pero el pasado primero de octubre, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito confirmó la negativa de la suspensión mediante el recurso de revisión 177/2015, con el argumento de que es mayor el interés de la sociedad en la realización del proyecto que el perjuicio que va a generar en nuestros pueblos.”
Recordar que en 2002 fue derogado un decreto expropiatorio presidencial que revoca la decisión de construir un aeropuerto en la misma zona en la que hoy se pretende edificar la nueva terminal aérea.
“¿Cómo es que los pueblos originarios, acostumbrados a la vida en el campo, podamos vernos reflejados en un proyecto de primer mundo, si nuestras condiciones de vida son de un país tercermundista? Pues no contamos con los servicios esenciales médicos e infraestructura hospitalaria, educativa, seguridad pública y empleos, aun estando a escasos 35 kilómetros de la capital mexicana”, indica el frente en su comunicación hacia la CIDH.
