(17 de Noviembre, 2015).- Millones de pesos que destina la Federación para la seguridad en los estados son usados sin transparencia, pues no se tiene certeza de su destino, así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF ha detectado: transferencias injustificadas hacia otras cuentas, presumible daño o perjuicio a la hacienda pública por manejos irregulares, carencia de mecanismos de control del dinero que garantice su utilización en los fines estratégicos para los que fue destinado, uso no autorizado para pago de nóminas u otros objetivos no incluidos y omisiones de funcionarios en la vigilancia de las partidas y cumplimiento de metas.
La Federación otorga a estados y municipios partidas extraordinarias a través de los Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública (Fasp) y de Subsidio a los Municipios (Subsemun) en materia de seguridad.
La ASF reveló que en las cuentas públicas de 2012 y 2013 hay más de mil 230 millones de pesos que no se tiene certeza de su destino.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que alrededor de 46 por ciento de los recursos que se debían entregar entre julio y septiembre a más de 200 municipios para tareas y programas de seguridad se encuentran retenidos por la Secretaría de Hacienda, hasta que haya mayor claridad y compromiso en la aplicación de los más de 4 mil 800 millones de pesos que les serían repartidos durante este año tan sólo por el Subsemun.
El modelo actual data de 2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública federal, por lo que los representantes estatales exigieron que las partidas se entregaran a las secretarías de finanzas de los estados sin esclarecerse.
Aunado a ello, en las diferentes auditorías al gasto de estos fondos la ASF advierte que no hubo control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas en los programas ejecutivos con prioridad nacional.
De acuerdo con el diario La Jornada, la ASF también resalta inconsistencia en el seguimiento a la información de los reportes trimestrales que se deben remitir a Hacienda, insuficientes mecanismos de vigilancia a los bienes adquiridos con estos fondos y apertura indebida de cuentas adonde se trasladaron esas partidas.
