En medio de la tensión por la presunta participación de agentes de la CIA en Chihuahua, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó una postura clara: en México no se permite la operación de agentes extranjeros en territorio nacional, y en este caso, ni siquiera la gobernadora del estado tenía conocimiento de su presencia.
El señalamiento llega tras el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en un accidente, quienes habrían estado vinculados a un operativo en la zona de El Pinal, en el municipio de Morelos.
Harfuch: cooperación sí, operaciones no
El funcionario federal explicó que la relación con agencias de seguridad de Estados Unidos se mantiene bajo un esquema de cooperación e intercambio de información, pero con límites definidos por la ley.
“Es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en campo”, puntualizó.
De acuerdo con Harfuch, investigaciones como la del narcolaboratorio en Chihuahua se desarrollan durante meses y contemplan coordinación internacional, pero siempre bajo el principio de que las acciones operativas corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas.
Gobernadora sin conocimiento del operativo
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la confirmación de que la propia gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no estaba enterada de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo.
Según relató el secretario, esta información surgió tras una reunión privada entre ambos, donde la mandataria estatal le aseguró que no tenía conocimiento de esa intervención.
El dato se suma a la controversia política que ya rodea el caso, especialmente por los cuestionamientos sobre la coordinación entre niveles de gobierno.
Caso en manos de la FGR
La investigación ya fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), que busca esclarecer qué hacían los ciudadanos extranjeros en la zona, bajo qué condiciones ingresaron y si existió alguna autorización.
El punto central es determinar si hubo una participación fuera del marco legal, considerando que la legislación mexicana establece reglas claras para cualquier tipo de intervención extranjera en temas de seguridad.
Senado, ausencia y reserva de información
En paralelo, la gobernadora Maru Campos decidió no acudir al Senado de la República, donde había sido convocada para abordar este caso ante comisiones legislativas.
El gobierno estatal justificó la decisión bajo el argumento de no comprometer información confidencial o clasificada, mientras avanzan las investigaciones.
En el oficio enviado, también se informó sobre la creación de una Unidad Especializada para indagar los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio.
Marco legal y línea de actuación
La legislación vigente establece que cualquier actividad de agencias extranjeras debe ser notificada y supervisada por instancias federales, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En este contexto, la postura del Gobierno federal se mantiene firme: cooperación internacional sí, pero siempre bajo el marco legal y sin operaciones en campo por parte de agentes extranjeros.
El caso continúa en investigación, con el foco puesto en aclarar responsabilidades, procesos y posibles irregularidades, mientras las autoridades federales avanzan en el análisis de los hechos ocurridos en Chihuahua.
