(17 de noviembre, 2015).- Después de 14 años de que a Irene Cruz Zúñiga, indígena mixteca, le hicieran una mala práctica médica en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en el municipio de Tlaxiaco, que la dejo inmóvil, un caso más de morbilidad materna, organizaciones civiles como Fundar y Amnistía Internacional exigieron la reparación integral del daño a José Antonio González Anaya, director del IMSS.
Amnistía y Fundar entregaron a González Anaya más de 8 mil 600 firmas para exigir justicia por Irene quien sufrió violencia obstétrica y violación a sus derechos sexuales y reproductivos, además de que ha quedado incomunicada desde hace más de una década, lo que también afecta a sus familiares, principalmente a su hijo Epafrodito.
Después de que le hicieran una mala práctica de cesárea de emergencia y la implantación del dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento, horas después tuvieron que transportarla al Hospital General de Oaxaca porque se le diagnosticó la pérdida total de su movilidad, encefalopatía hipóxica isquémica.
La abogada de la mujer mixteca, Itzel Silva de Fundar, declaró que “el caso de Irene es emblemático de las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres de las comunidades indígenas en México, como es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”.
Por su parte el Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México agregó que “es fundamental que las mujeres indígenas y las localidades rurales puedan acceder a la justicia sin dilación, particularmente se deben adoptar medidas efectivas para cesar prácticas discriminatorias de implementación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres, ya que constituyen una forma de violencia que afecta gravemente sus derechos sexuales y reproductivos”.
Por último se mencionó que existe una recomendación (32/2915) por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aceptada por el gobierno de Oaxaca y el IMSS, donde se reconoce la violencia institucional y obstétrica cometida contra Irene Cruz, así como la ausencia de justicia y la impunidad del caso; y se obliga al Estado a resarcir los daños.
