“¿De qué tienen que avergonzarse lesbianas, homosexuales, transgéneros y bisexuales? ¡Que se avergüencen quienes roban y matan impunemente siendo gobierno! ¡Que se avergüencen quienes persiguen al diferente!” Subcomandante Marcos.
(27 de noviembre, 2015).- En el estado de Chiapas se registró en los últimos dos años 24 homicidios de personas de la comunidad LGBTTTI, casos que permanecen en estado de impunidad y unos de los motivos por los que la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en la entidad exigió mediante un comunicado a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, que proteja sus derechos humanos.
Chiapas vive una homofobia estructural la cual limita el derecho a elegir libremente la preferencia sexual, posición que se fomenta a nivel social y gubernamental, declaró la Red por la Inclusión, después de que dos de sus integrantes fueran agredidos en el barrio de Comitán.
Denunciaron que las autoridades no garantizan el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTI por lo que se manifestaron aproximadamente 50 personas frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como forma de protesta y rechazo a la violencia que se comete contra ellos.
El hecho ocurrido en el barrio de Comitán fue contra Qeudín García Pérez y Byron Aguilar Pérez quienes fueron detenidos y amarrados por 18 horas por los pobladores de la región y quienes amenazaron de quemarlos vivos al acusarlos de un presunto “robo”, delito del cual se comprobó su inocencia y se aseguró que fueron juzgados por ser transexuales, informó un corresponsal de Proceso.
Rosemberg López Samayoa, uno de los líderes de la Red, dijo que de 2014 hasta la fecha no se ha investigado ningún asesinato cometido contra la comunidad LGBTTI, motivo por el que exigen a Rutilio Cárdenas, titular del poder Judicial, que sostenga una reunión con la Red para exponer los casos que están en completo estado de impunidad.
Además instaron a los 41 diputados locales a modificar las leyes que violentan los derechos del LGBTTTI; pidieron a la Secretaría de la Función Pública que investigue y sancione a los funcionarios públicos que no han cumplido con su trabajo; y sacuden a la CEDH para que salga de su pasividad y realmente defienda los derechos humanos en Chiapas.
