(29 de noviembre, 2015).- Sin orden judicial, al menos 80 funcionarios federales y estatales de 11 Procuradurías locales, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), tendrán acceso a los datos de teléfonos celulares cuando quieran.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó, el pasado 11 de noviembre, los lineamientos para que las empresas telefónicas colaboren con las “autoridades competentes”, en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los funcionarios no tendrán “acceso” al contenido de la comunicación pero sí al nombre y domicilio del usuario; tipo de comunicación; datos de rastreo; fecha, hora y duración de la comunicación; ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas; y la identificación y características técnicas de los dispositivos.
Las entidades que contienen a más del 50 por ciento de las autoridades con esta capacidad de rastreo son el Estado de México y Veracruz.
La SCHP ya utilizó este recurso, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual ha provocado un amparo y resistencia por parte de la empresa de teléfonos Alestra; se suman las autoridades de “seguridad” que también han solicitado datos sin justificar si están o no habilitados para poder adquirir dicha información.
Para 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que discutir la propuesta avalada en 2014 por la corte sobre la geolocalización en tiempo real de personas involucradas en graves delitos; además de resolver 3 amparos los cuales cuestionan la constitucionalidad de estas medidas de acción.
También las empresas tendrán que crear una plataforma para que las autoridades puedan ingresar en el momento que lo deseen y tener un área que labore las 24 horas para atender solicitudes.
