(01 de diciembre, 2015).- Después de la renuncia de Arturo Escobar de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), 25 organizaciones sociales que integran la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de la Violencia, declararon que dicha acción no “garantiza la mejora en la prevención del delito” y que urge hacer una revisión colectiva sobre cómo hacer política en prevención social y delincuencia a largo plazo.
“La sola salida de Arturo Escobar de la Segob no garantizará el avance y una necesaria revisión participativa del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Junto con él otras personas sin experiencia en prevención y participación ciudadana han sido incorporadas a cargos estratégicos en la Subsecretaría. Son los casos de Ruth Zavaleta y Eduardo Vázquez Rossainz, cuyos perfiles son contrarios a la misma lógica de la prevención”, denunciaron.
En el caso de Ruth Zavaleta, directora de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se advierte sobre su “posible” operación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones en 2016; mientras que con Eduardo Vázquez Rossainz, director de Planeación Estratégica para la Prevención Social, alertan sobre sus conocimientos en seguridad nacional que puede utilizar en la actuación de manera errónea en el PRONAPRED.
Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM), está en un proceso realizado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al haber cometido “posibles delitos electorales”.
La Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias calificó la salida de Escobar como un paso importante en el “desmantelamiento de los sectores mafiosos de la clase política mexicana”, pero eso no asegura que la siguiente persona que sea subsecretario de Prevención no sea un “corrupto”.
Desde días pasados las 25 organizaciones recalcaron que el puesto en la Segob lo debe ocupar una persona con el conocimiento y experiencia necesaria para poder desarrollar el trabajo, por lo que han demandado un diálogo para redefinir las políticas de prevención social de las violencias y la delincuencia, atacando la parte estructural.
Recalcaron que el caso de Escobar no es aislado y sólo demuestra que el PVEM se encarga de violar las leyes de la Constitución constantemente, como las multas impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) por 189 millones de pesos, cifra que podría ascender a casi 600 millones de pesos.
