(02 de diciembre 2015).- La Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ha ordenado al gobierno del Estado de México “ofrecer disculpas públicas por el retraso de más de cuatro años y medio en la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género” en el estado.
Un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), narra que desde diciembre de 2010, la instancia, junto con Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron ante el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud de Declaratoria de Alerta de Género para el Estado de México.Esta solicitud, manifestaba los 922 casos de homicidios “con características feminicidas” sólo en el periodo de 2005 a 2010.
Después de que a comienzos del 2011, se determinara “improcedente” dicha solicitud y de que estas organizaciones solicitaran un amparo, pasaron 4 años sin respuestas contundentes. Fue hasta principios de este año, que la CMDPDH inició un segundo juicio. Hasta mayo, la Jueza solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) las estadísticas de víctimas en Edomex. Sin embargo, según el Observatorio, la “PGJEM se mostró sumamente reticente en aportar dichas cifras”.
Casi cinco años después de la solicitud, en julio pasado se logró la emisión de la Declaratoria de procedencia “respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres de once municipios del Estado de México”.
Ha sido hasta hace unos días, que se ha emitido la sentencia por la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero (Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal) ordena:
-Emitir una disculpa pública por el retraso en la atención del tema de la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México
-Comprometerse por escrito con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público a no volver a retrasar ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres. Es decir, el Estado Mexicano se debe comprometer a no volver a justificar que se tratan de ataques políticos en contra del gobierno las solicitudes de Alerta de Género.
-La PGEM deberá contar con datos y estadísticas confiables que se harán públicas en la página oficial electrónica de las dependencias públicas de procuración de justicia; darle seguimiento a los homicidios perpetrados en contra de las mujeres, para determinar cuáles fueron feminicidios y realizar las estadísticas correspondientes y publicarlas.
-Se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México y, sobre todo, hacer un compromiso con la sociedad en el sentido de hacer cumplir en todas y cada de sus partes la declaratoria de mérito.
En el boletín, la CMDPDH y el OCNF, las organizaciones que han logrado este importante paso, a través de años de intensa lucha, manifiestan “ésta decisiones representa una decisión sin precedentes, en la que se ha determinado la negligencia en el actuar de las autoridades encargadas de la emisión de la alerta de violencia de género, y en la que se ha reconocido el derecho de las mujeres del Estado de México a ser reparadas como sociedad”.
